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El Gobierno ha estado negociando intensamente en el Congreso para intentar avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería, que busca distribuidor de manera obligatoria a los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada una vez más por el Congreso de los Representantes. El Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, actuó como mediador, pero no logró alcanzar un acuerdo.
Durante la sesión del pleno, el PP y Juntas enviaron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, quienes decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox han reafirmado su oposición desde el principio.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, expresó su disposición a respaldar el texto si se proporciona la información necesaria para su implementación. No obstante, subrayó que cualquier avance dependería de la colaboración del PSOE y Sumar. «Si no hay avances en las próximas horas, es mejor que no votemos y sigamos dialogando», afirmó. La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería pretende adbarar la situación de los menores inmigrantes no compañeros en regiones con alta sobreocupación.
En otro ámbito, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría afectar a los presupuestos de 2025.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se rechaza el mandato, el Gobierno debe establecer una nueva meta en un plazo de cuatro semanas. Si esta nueva propuesta se aprobara, tanería que pasar al Senado, donde podría ser objeto de más modificaciones.
La falta de un mandato de estabilidad complica la presentación de los requisitos necesarios para 2025, lo cual es crucial antes de finales de septiembre para su inclusión en el próximo año. Hasta ahora, el Gobierno no ha logrado avanzar en ningún prerrequisito durante esta legislatura, complicando aún más las negociaciones con sus socios políticos.
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