Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco dictaminó que el expresidente Trump puede mantener bajo su control a la Guardia Nacional de California, al menos de forma temporal, mientras avanza el litigio entablado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión permite que las 4 000 tropas desplegadas en Los Ángeles permanezcan bajo mando federal durante los procesos judiciales, anulando por ahora el fallo previo que ordenaba su retorno a las autoridades estatales.
El conflicto se inició el 7 de junio, cuando el exmandatario decidió integrar a la Guardia Nacional bajo control federal y envió a 700 infantes de marina para incrementar la fuerza militar en Los Ángeles, asistiendo a los oficiales federales durante manifestaciones relacionadas con acciones migratorias. Este movimiento de tropas, realizado sin la anuencia del estado, representa la primera ocasión desde 1965 en que se realiza un despliegue tan amplio sin el visto bueno del gobernador.
En una sesión reciente, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones afirmó que el presidente posiblemente operó acorde con el marco legal federal, indicando que las protestas se habían transformado en conductas violentas hacia empleados y bienes federales, además de ataques con escombros y cócteles molotov. Aunque determinó que el presidente debía informar al gobernador, corroboró que la decisión de una corte de primera instancia fue demasiado limitada, ya que no existía autoridad para impedir la acción presidencial.
El dictamen del juez de distrito Charles Breyer, presentado el 12 de junio, establecía que el proceso de federalización era ilegal, señalando que no se habían satisfecho las condiciones legales necesarias y que no había una «rebelión» según lo requerido por la ley. No obstante, la apelación detuvo la ejecución de esa decisión mientras el caso continúa su desarrollo.
El panel del Noveno Circuito —integrado por dos jueces designados por Trump y uno por Biden— enfatizó que la ley otorga amplio margen al presidente en asuntos relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que corresponde al tribunal ejercer una revisión “altamente deferente». No obstante, rechazó la tesis de que la decisión presidencial está completamente fuera del alcance judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California tiene la opción de recurrir la decisión frente al pleno del Noveno Circuito o incluso escalar el caso hasta la Suprema Corte. Asimismo, podrían alegar que la utilización militar en apoyo a las funciones de la ley federal —posible infracción de la ley Posse Comitatus— demanda un análisis más detallado en el tribunal.
En su respuesta, el gobernador Newsom afirmó que “el presidente no es un monarca ni está exento de la ley” y confirmó que California continuará defendiendo la soberanía estatal y los derechos civiles en los tribunales. Por otro lado, el expresidente Trump consideró el veredicto como un “gran triunfo” para la seguridad nacional, sosteniendo que la Guardia Nacional debe tener la capacidad de ser desplegada si las autoridades locales no consiguen mantener el orden.
A nivel del país, el asunto ha iniciado una discusión extensa sobre la extensión de las facultades presidenciales respecto al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del poder judicial. Es la primera ocasión en sesenta años que se vuelve federal la Guardia sin la aprobación de un gobernador, lo que causa inquietud sobre posibles precedentes riesgosos y la disminución de los sistemas de derecho y revisión institucional.
Mientras tanto, en Los Ángeles, las fuerzas armadas permanecen activas, aunque las manifestaciones han disminuido y el alcalde ha eliminado el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y las dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y militares, además del efecto en la supervisión y el control social.
Un momento crucial será la audiencia con el juez Breyer, programada para este viernes. En dicha sesión se podría emitir una orden provisional más extensa que delimite con claridad el uso autorizado de las tropas. La resolución del caso impactará de forma duradera la interacción entre la autoridad federal y los estados, los poderes del presidente y el papel de las fuerzas armadas en misiones civiles.