Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia de México con una percepción inicial de victoria para la sensatez y el enfoque técnico frente al activismo y la política ruidosa. Pero debajo de esa apariencia moderada y técnica, ha surgido una tendencia inquietante: el aumento de la militarización del poder efectivo en la nación. A pesar de que la presidenta es civil, la influencia y el control ejercido por las Fuerzas Armadas, en particular por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se han expandido significativamente en áreas clave que superan el ámbito de la seguridad, como la infraestructura, la supervisión e incluso en aspectos económicos.
Un hecho significativo en este proceso fue la incorporación de la Guardia Nacional al control directo del Ejército. Por primera ocasión en la historia contemporánea, la responsabilidad de la seguridad pública recae constitucionalmente en el ámbito militar. Esta elección representa una desviación respecto a épocas anteriores, cuando la intervención militar en la seguridad pública se justificaba como provisional con la promesa de devolver el control a las autoridades civiles en el futuro. En la actualidad, esa provisionalidad parece incierta, con una estructura legal que concede a las Fuerzas Armadas el poder duradero sobre estas responsabilidades.
Este cambio legislativo, impulsado por gobiernos de izquierda, representa una contradicción política e ideológica que ha entregado poder, responsabilidades y recursos presupuestales a las Fuerzas Armadas, mucho más allá de sus atribuciones tradicionales. Este fenómeno, lejos de ser una medida coyuntural para enfrentar al crimen organizado, ha consolidado una cesión gradual pero profunda del poder civil.
En contraste con otras naciones donde el Ejército gobierna abiertamente, en México se ha desarrollado un modelo híbrido y opaco. Aunque la Presidencia sea civil, las decisiones clave en materia de seguridad, infraestructura estratégica como aeropuertos, trenes y puertos, así como en el manejo de aduanas y empresas paraestatales, están bajo control directo o indirecto de militares. Además, la nueva legislación permite a estas instituciones acceder a información sensible de los ciudadanos, construyendo así un Estado vigilante que aparenta ser civil.
Esta expansión del poder militar no solo implica la entrega de funciones tradicionalmente civiles a las Fuerzas Armadas, sino también la erosión del control democrático. La falta de rendición de cuentas ante el Congreso, tribunales o ciudadanos, junto con la opacidad en el manejo presupuestal, debilita los contrapesos fundamentales para una democracia sólida. La subordinación de la Guardia Nacional a la Defensa, el respaldo a consejos de inteligencia sin supervisión civil y la ausencia de transparencia presupuestal son claros indicadores de esta realidad.
Este procedimiento impacta no solo en la seguridad pública. Implica una profunda transformación en el modelo de poder en México: una nación donde el Ejército construye, gestiona, supervisa, investiga y recauda sin estar sujeto a controles civiles efectivos. La apariencia de civilidad ha pasado a ser una fachada que oculta un creciente control militar en la vida pública.
A diferencia de golpes de Estado o marchas militares, esta conquista del Estado se da silenciosamente desde dentro, a través de contratos, acceso a datos y vigilancia. La sociedad y las instituciones civiles aún enfrentan el desafío de recuperar el control efectivo sobre las fuerzas armadas antes de que esta militarización irreversible limite la capacidad democrática.
Aunque México todavía no ha alcanzado los modelos de dominio militar total, como se ha visto en ciertos países, la tendencia reciente acerca al país a unos sistemas híbridos que integran la democracia electoral con la supervisión militar disfrazada, comparable a lo que sucede en Turquía, El Salvador o Marruecos. En estas situaciones, la supervisión del Estado se torna invasiva y los equilibrios democráticos se deterioran gradualmente.
Si esta trayectoria sigue avanzando sin control, México podría enfrentar pronto un sistema democrático sin contenido, donde el presidente sea únicamente una cara visible de un gobierno controlado por una élite militar. Esta situación exige discutir y ajustar urgentemente el balance entre el poder civil y militar para mantener la democracia y el Estado de derecho en el país.