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Iberdrola vende su filial de México por 3.700 millones a Cox para centrarse en redes en EE UU y Reino Unido

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Iberdrola ha concretado la venta de su filial en México por un monto aproximado de 3.700 millones de euros, en una operación que marca un giro estratégico en sus prioridades internacionales. El comprador es el fondo de inversión Cox Energy, que asume ahora el control de una parte significativa del portafolio energético de la empresa en territorio mexicano. Esta transacción representa uno de los movimientos más relevantes del sector eléctrico en América Latina en los últimos años.

La transacción incluye un total de 13 centrales de generación de energía, con una capacidad instalada conjunta que supera los 8.500 megavatios. La mayoría de estas instalaciones funcionaban bajo el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE), en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que había ocasionado tensiones con el gobierno federal debido al modelo de participación privada en el sector eléctrico de México.

Con esta desinversión, la multinacional energética busca concentrarse en mercados donde mantiene operaciones estratégicas de redes y generación renovable, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido. Ambos países representan actualmente sus mayores apuestas a futuro, en consonancia con los objetivos de descarbonización y modernización de infraestructuras eléctricas que promueven las administraciones respectivas.

La operación se enmarca en un contexto de creciente presión del gobierno mexicano para recuperar el control del sistema eléctrico nacional. Aunque la administración ha asegurado que se respetan los contratos vigentes con empresas extranjeras, también ha reiterado su interés en fortalecer la participación del Estado a través de la CFE. En ese sentido, la salida parcial de Iberdrola ha sido interpretada como una respuesta pragmática ante la complejidad del entorno regulatorio y político del país.

Desde el punto de vista financiero, la venta supone una importante entrada de recursos para la empresa vendedora, que podrá utilizar ese capital para fortalecer su expansión en segmentos de redes inteligentes, almacenamiento y fuentes renovables. El grupo había venido manifestando en los últimos años su intención de redirigir inversiones hacia proyectos que le permitan aumentar su rentabilidad y contribuir de manera directa a la transición energética.

Por su lado, Cox Energy desempeña una función importante en el ámbito energético de la región, aumentando su participación en el mercado mexicano con activos en funcionamiento y contratos establecidos. El fondo, que tiene raíces iberoamericanas, ha estado creciendo rápidamente en América Latina, sobre todo en las áreas solar y eólica, y ahora toma una decisión crucial al transformarse en uno de los operadores eléctricos más destacados del país.

A nivel político, la transacción también ha generado repercusiones. Desde el gobierno se ha celebrado la operación como un avance hacia una mayor “soberanía energética”, al reducir la participación de empresas extranjeras en la generación de electricidad. Voceros oficiales destacaron que, si bien el comprador es privado, la naturaleza de los contratos facilita una mayor alineación con los objetivos nacionales en materia de seguridad energética y tarifas asequibles.

Los analistas del sector consideran que la venta refleja una tendencia global en la que las grandes energéticas están reconfigurando su presencia internacional, priorizando mercados estables y regulaciones previsibles. En ese sentido, Estados Unidos y Reino Unido se consolidan como destinos estratégicos para compañías como Iberdrola, que buscan entornos propicios para el despliegue de redes modernas y la integración de fuentes limpias.

A pesar de la salida parcial del mercado mexicano, la compañía no abandona por completo sus operaciones en el país. Mantendrá activos menores y continuará participando en ciertas áreas, aunque con un enfoque distinto y menos dependiente de los grandes contratos institucionales. Esta redefinición de estrategia responde tanto a razones políticas como económicas, al buscar una mayor eficiencia en la asignación de recursos globales.