El gobierno de México ha implementado un plan para establecer al país como un destino destacado para la inversión del exterior. Esta iniciativa combina tarifas reducidas con incentivos fiscales excepcionales. La propuesta fue introducida durante la firma del acuerdo para el nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar, localizado en Celaya, Guanajuato, reconocido como esencial para impulsar el crecimiento industrial y logístico.
Según el secretario de Economía, México ofrecerá actualmente la tasa efectiva de arancel más baja del mundo: apenas un 6.5% promedio en sus exportaciones, cifra incluso inferior a la observada en economías desarrolladas como Japón, Alemania o Corea del Sur. Además, el país y China fueron los únicos beneficiados con una prórroga de 90 días para negociar los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que representa una ventaja estratégica en términos comerciales.
En lo que respecta a los incentivos fiscales, el nuevo marco permite que las empresas que se instalen en los polos de desarrollo puedan deducir el 100% de los activos fijos en sus inversiones. A esto se suman deducciones adicionales: un 25% por gastos en capacitación y educación dual, y un 25% más por inversión en innovación tecnológica. Además, tanto los gobiernos estatales como municipales podrán otorgar estímulos complementarios, aunque esos detalles aún se están definiendo.
El Polo de Celaya destaca también por sus ventajas logísticas. Funcionará como un “puerto seco” multimodal, con conexión directa al sistema ferroviario y a carreteras internacionales, y acceso cercano a los principales puertos marítimos del país. Este nodo se inserta en una red de 15 polos diseñados en regiones estratégicas, con el propósito de impulsar la diversificación productiva y fortalecer la infraestructura regional.
Esta normativa también se incorpora a lo que el gobierno ha llamado «Plan México», una estrategia más amplia para posicionar al país entre las principales potencias económicas del mundo. Este plan incluye medidas fiscales como el «Decreto de incentivos», con un tope de 30 mil millones de pesos destinados a promover activos fijos (28.500 millones), y capacitación e innovación (1.500 millones). Los sectores favorecidos abarcan energía, hidrocarburos, construcción, transporte ferroviario y electromovilidad, todos con tasas de deducción que varían entre el 41% hasta el 86%, según el sector y el periodo.
La estrategia mexicana también responde al contexto mundial, caracterizado por una disputa comercial entre Estados Unidos y sus países vecinos. México, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha conservado su posición de ventaja comercial, evitando nuevos impuestos que sí perjudicaron a otras naciones como los miembros de la Unión Europea o China. Esto ha permitido que continúe el flujo de capitales sin interrupción, además de fortalecer la recuperación del peso y atraer inversiones por su competitividad en aranceles y tributos.
Un grupo de economistas destacó la importancia de implementar reformas estructurales en infraestructura y servicios públicos junto con estos estímulos. A pesar de que los beneficios fiscales son seductores, su éxito también dependerá de disponer de energía fiable, comunicaciones eficientes y una regulación precisa que asegure seguridad jurídica para los inversores.
No obstante, este paquete demuestra una visión proactiva del gobierno para fomentar el nearshoring —el reacomodamiento de cadenas productivas de Asia hacia América del Norte—. México busca aprovechar su condición geográfica, su inserción en la cadena de suministro con EE.UU. y el entorno de libre comercio para atraer mayor inversión en manufactura, investigación y desarrollo.
En definitiva, la política combinada de aranceles reducidos e incentivos fiscales ambiciosos coloca a México en una posición altamente competitiva. La apuesta es clara: incentivar las inversiones, dinamizar la industria y consolidar su rol como aliado estratégico en la economía regional del siglo XXI. El éxito de esta iniciativa dependerá, sin embargo, de mantener la estabilidad política, el impulso de infraestructura y una visión de mediano plazo que sustente las ventajas creadas.