El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una enmienda que establece un precedente en el ámbito legal y de protección animal. Denominada «¿Con quién se queda el perro?», esta modificación del Código Civil permite que, en situaciones de divorcio, los animales de compañía puedan estar sujetos a un régimen de custodia compartida, asegurando así su bienestar, protección y una existencia digna. Con esta acción, la capital del país se posiciona como la primera jurisdicción en reconocer a las mascotas como seres sintientes con derecho a un plan de cuidados en caso de disolución matrimonial.
La protección animal como enfoque legal prioritario
La reforma aprobada responde a un cambio en la percepción social hacia los animales, quienes cada vez más son considerados parte integral de las familias. El dictamen establece que, al momento de definir los términos de un divorcio, los jueces deberán incluir un plan que contemple la atención, manutención y condiciones de vida de las mascotas. Dicho esquema tomará en cuenta factores como el tiempo disponible de cada persona, los recursos económicos y la capacidad de garantizar un entorno seguro y adecuado.
El debate parlamentario se centró en analizar los lazos emocionales que los individuos tienen con sus mascotas. Según los argumentos expuestos en la sesión, estas conexiones han fortalecido con el tiempo, especialmente en grupos de la población que eligen no tener descendencia y que ven en sus animales una relación de compañía y cariño comparable a la de un miembro de la familia.
Reconocimiento a los animales como seres sintientes
La propuesta fue presentada por la representante Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, quien resaltó que la Ciudad de México se adelanta al reconocer en su legislación a los animales como seres con capacidad de sentir. Este entendimiento significa que el bienestar animal trasciende un mero tema de posesión, adquiriendo un significado legal y ético en los procedimientos de división.
El diputado Royfid Torres González subrayó durante la discusión que este tipo de reformas responden a una realidad social en la que los animales son tratados con un nivel de cuidado y afecto que los coloca en una posición central dentro de los hogares. Señaló que, al no contar con un marco legal claro, en muchos divorcios el destino de las mascotas quedaba sujeto únicamente a acuerdos informales, lo que generaba incertidumbre sobre su futuro y condiciones de vida.
Guardia conjunta como alternativa completa
La reforma “¿Con quién se queda el perro?” plantea que, al igual que ocurre con la custodia de los hijos, los convenios de divorcio puedan incluir acuerdos específicos para la convivencia y el cuidado de los animales. De esta manera, se busca garantizar que las mascotas conserven estabilidad emocional y física, evitando que se conviertan en víctimas colaterales de los procesos de separación.
El régimen de tenencia compartida posibilitará que ambas partes conserven vínculos con sus mascotas, siempre que las circunstancias lo permitan. Los magistrados podrán decidir el plan más adecuado para cada situación, evaluando no solo la solvencia económica, sino también el compromiso y la habilidad de asegurar un ambiente sano.
Un cambio que refleja la evolución social
La aprobación de esta reforma refleja un cambio significativo en la forma en que la sociedad mexicana entiende la relación con los animales de compañía. Lejos de ser considerados simples bienes materiales, ahora se reconocen como seres que requieren protección jurídica frente a circunstancias que pueden afectar su bienestar.
Con este progreso, la Ciudad de México se posiciona a la delantera en cuanto a regulación relacionada con el bienestar de los animales y marca un precedente que podría motivar a otras regiones del país a implementar acciones semejantes. La propuesta no solo responde a una petición social en aumento, sino que también subraya la relevancia de reconocer a los animales como parte integral de la familia contemporánea.