/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/P5OAJIM53YOZERS5TRWXBGLI3A.jpg "Violencia en América Latina | Opinión")
Las alarmas por crisis de seguridad en América Latina están saltando en toda la región, desde México hasta Chile y Argentina, pasando por Ecuador y Perú. La expansión del crimen organizado, alimentado por el narcotráfico y la explotación de los flujos migratorios, ha disparado índices de violencia y, en mayor o menor medida, repercute en todos los ámbitos de la vida pública. La consecuencia más directa es el descontento de la población y, en el terreno político, el revés que este fenómeno supone para los gobernantes. A la caída de la popularidad se suma el bloqueo de reformas y, en ocasiones, decisiones discutibles como la anunciada antes de Semana Santa por el Gobierno de Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso flexibilizó las normas para el porte de armas, abriendo la puerta a la tenencia a ciudadanos mayores de 25 años que pasen una prueba psicotécnica y una prueba de pericia. Esta medida, que ha recibido muchas críticas precisamente por un posible efecto multiplicador de la violencia, ha sido adoptada para hacer frente a un profundo malestar social. El 85% de los ecuatorianos considera que la delincuencia se ha disparado en los últimos meses y casi la mitad declara que un familiar fue víctima de un robo o robo a finales del año pasado, según una macro encuesta de la consultora Gallup. Los datos avalan esta percepción -en 2022 hubo un 83% más de asesinatos que en 2021-, pese a que este tipo de salidas que fomentan la autodefensa no parecen una solución sensata.
Lasso es un político marcadamente conservador, pero en un espectro ideológico radicalmente diferente, Gabriel Boric también tiene que lidiar con una crisis de seguridad sin precedentes en la historia reciente de Chile. El asesinato del tercer carabinero en poco más de tres semanas ha aumentado la presión para que el joven presidente de izquierda endurezca la respuesta contra la delincuencia. Esta urgencia es difícil de encajar en la coalición de gobierno, que la semana pasada se fracturó en el Congreso por una ley que aumenta el poder de las fuerzas policiales y también enfrenta un delicado debate sobre migración.
La violencia complica los planes de los principales gobiernos de la región. Las imágenes de las playas militarizadas de México son el último indicio de un problema estructural que va desde el Río Grande hasta Sudamérica. Si bien las guerras entre cárteles no le han pasado factura, según encuestas, a Andrés Manuel López Obrador, durante su gestión se han visto los límites de su lema de “abrazos, no balazos”, en alusión a una pacificación del país. Las estrategias de seguridad deben, en todo el subcontinente, abordar una serie de factores que incluyen crisis políticas, pobreza y flujos migratorios, fortalecer las inversiones contra el crimen organizado y las mafias transnacionales, y mejorar la coordinación con los Estados Unidos.