El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara ha propuesto declarar inconstitucional la reforma del Congreso que transfirió el control de la Guardia Nacional al Ejército. Este cuerpo de seguridad fue originalmente concebido como una institución civil —similar a una policía federal—, pero una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo lo convirtió en un apéndice militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Un proyecto de González Alcántara señala que la reforma viola la Carta Magna, que prohíbe expresamente la intervención del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz.
El documento, que aún debe ser votado por el pleno de la Corte Suprema, es un duro golpe a una de las reformas prioritarias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano ha insistido en que la Guardia Nacional requiere de la coordinación y disciplina que solo están presentes en las Fuerzas Armadas, a las que su Administración ha conferido crecientes facultades en los asuntos públicos.
“De la jurisprudencia interamericana, de los más recientes precedentes de esta Corte Plena y del texto constitucional, se puede extraer que las Fuerzas Armadas permanentes sólo pueden realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad. Su participación debe regirse por la absoluta necesidad y, por tanto, no puede ser permanente”, cita el proyecto de acción de inconstitucionalidad 137/2022. “Para ello, la rendición de cuentas y la revisión periódica juegan un papel fundamental: sus actuaciones deben ser supervisadas en todo momento. Además, las Fuerzas Armadas sólo pueden actuar en forma subordinada y complementaria a las instituciones de seguridad pública y sus jefes. Finalmente, para que estas garantías sean efectivas, se debe regular la acción militar”, señala el texto del ministro.
El recurso ante la Corte Suprema fue promovido por senadores opositores que argumentaron que la reforma oficialista viola, entre otros, el artículo 21 de la Constitución, que define a la Guardia Nacional como un cuerpo civil bajo el mando —también civil— del Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Según el partido de gobierno, Morena, la mayoría oficialista dividió los términos constitucionales y, mediante una reforma de leyes secundarias de septiembre de 2022, estableció que la GN seguiría adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero que el Ejército se haría cargo. de su control operativo, presupuestario y administrativo. Para la oposición en el Congreso y grupos ciudadanos, la reforma efectivamente consumó la militarización de la seguridad pública, ya que permitió que elementos militares hicieran las tareas de la policía en las calles.
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