Tras un proceso judicial de casi dos décadas, el caso de Daniel García y Reyes Alpízar ha llegado a su fin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comunicado este martes su resolución sobre la denuncia presentada por los dos hombres, que llevaban 17 años en prisión sin recibir sentencia. La alta corte internacional ha condenado a México en un fallo histórico en el que, además, ordena al país eliminar la controvertida figura de la prisión preventiva informal. “La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial”, reza la sentencia.
Daniel García y Reyes Alpízar fueron detenidos en 2002 acusados del asesinato de la concejala panista María de los Ángeles Tamés. En un proceso judicial plagado de irregularidades, los dos hombres fueron detenidos sin orden judicial, detenidos sin abogado, torturados, amenazados y obligados a firmar documentos. Ambos siempre han mantenido su inocencia. Salieron de prisión en 2019, con un brazalete electrónico. Pero hace apenas dos semanas, de forma arbitraria, Daniel García fue detenido nuevamente y trasladado a un penal en el Estado de México. Ahora, la Corte Interamericana ordena el archivo de todo proceso penal en su contra.
Esta sentencia pone contra las cuerdas a la Constitución mexicana. En su artículo 19, la Carta Magna incluye la figura de la prisión preventiva informal, medida que envía automáticamente a la cárcel a los imputados por una serie de delitos, en la primera fase del proceso judicial, sin que un juez decida. . Es una prisión anticipada. En México se aplica a un catálogo de 16 delitos que van desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo al interior de una vivienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un acérrimo defensor de esta figura, e incluso en 2019 amplió el catálogo para que también se aplicara la prisión preventiva oficiosa en tres delitos fiscales. Sin embargo, luego de una larga discusión, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a fines del año pasado sacarlos de la lista.
Ahora, la resolución de la Corte Interamericana vuelve a recordar los fallos de esta figura. “La Corte indicó que el artículo 19 de la Constitución era contrario a la Convención Americana. La Corte advirtió que esta norma no menciona las finalidades de la prisión preventiva, ni los peligros procesales que buscaría prevenir, ni la exigencia de realizar un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas de los derechos de las personas. la persona procesada, como serían las medidas alternativas a la privación de libertad”, señala la sentencia, “además, limita la función del juez y supone un acto que queda exento de todo control real, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutiendo la causal”. Con base en lo anterior, “en relación con la figura de la prisión preventiva informal, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, a fin de que sea compatible con la Convención Americana”.
Las sentencias de la corte internacional son vinculantes, por lo que el Gobierno de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben encontrar la forma legal de cumplir con el mandato. La desaparición de la prisión preventiva informal afectaría a miles de personas que se encuentran en prisión sin sentencia condenatoria. A día de hoy no se sabe exactamente cuántos, ya que el Ejecutivo no da datos desagregados de cuántos presos hay bajo esta cifra. Si bien la Constitución establece un máximo de dos años en prisión preventiva no oficial, la realidad es que la saturación de los tribunales y los interminables procesos judiciales mantienen a las personas en la cárcel por años sin condena.
Hasta ahora, Daniel García y Reyes Alpízar tenían el récord más largo de alguien en prisión preventiva extraoficial: 17 años y medio. La Corte Interamericana también encuentra responsable a México por todo ese tiempo privado de libertad. “La corte afirma que la dilación en la investigación y el proceso por más de 20 años no puede explicarse por la complejidad del proceso ni por la conducta de las presuntas víctimas, sino por una actividad dilatoria imputable al Estado”, sentencia. Señala.
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