La defensa de Jesús Murillo Karam lleva meses pidiendo permiso, por motivos de salud, para que su defendido pueda salir de prisión y esperar en casa a que llegue el juicio. La estrategia de momento no acaba de funcionar y, sin embargo, la mochila de cargos contra él sigue engordando. Un juez federal decidió la madrugada de este sábado vincular a juicio a Murillo Karam por nuevos cargos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. El exfiscal general durante la primera parte del gobierno de Peña Nieto se encuentra en prisión desde agosto del año pasado, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. El priísta es hasta el momento la figura de mayor peso político sentada en el banquillo tras el impulso de las investigaciones del caso que adelanta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Luego de una larga audiencia en los tribunales del Reclusorio Sur, que comenzó la tarde del viernes y se prolongó por más de 10 horas, el juez aceptó la versión de la Fiscalía (FGR), que había acusado a Murillo Karam de ser responsable de la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto sicario de Guerreros Unidos involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
En cuanto al delito de desaparición forzada, el juez lo aceptó en la modalidad “provisional”. Es decir, durante las cuatro horas y media que transcurrieron desde su detención hasta que fue puesto a disposición del juez. Durante ese lapso de tiempo, la tortura ocurrió en las instalaciones de la ex Procuraduría General de la República. Los informes médicos que consignan que El Cepillo tenía 31 lesiones y en tres zonas del cuerpo. La Fiscalía también había imputado a Murillo Karam por el delito de coalición de servidores públicos, pero finalmente fue descartado por el juez.
Estos nuevos cargos se suman a los tres del año pasado. El juez procesó al exfiscal por imponer una línea de investigación parcialmente falsa, la llamada verdad histórica, que impidió continuar con la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Esto, con el objetivo de frenar el “clamor social” que había provocado el caso. Murillo Karam también es procesado por permitir y evitar denunciar las torturas que sus subordinados infligieron a cuatro detenidos en el caso. Y finalmente, por organizar la manipulación de una de las supuestas escenas del crimen, la zona del río San Juan, donde sus secuaces encontraron los restos de uno de los estudiantes.
A casi 10 años del hecho, uno de los hechos que mayor impacto político y emocional ha causado en el país, la investigación del caso cobró nuevo impulso con el Gobierno de López Obrador. La creación de una comisión de gobierno y una fiscalía especial permitió el hallazgo de nuevos restos de los 43 y un puñado de detenciones, incluidas las de varios militares y el propio Murillo Karam. Esos avances, sin embargo, se vieron frenados a fines del año pasado por la polémica salida del fiscal especial, en medio de fuertes presiones de la FGR, y la cancelación de un puñado de órdenes de aprehensión.
En ese contexto, el nuevo fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, se ha fijado como prioridad llevar a buen término la acusación contra Murillo Karam. El caso aguarda el inicio de la etapa intermedia, en la que la FGR presentará las pruebas que sustenten sus acusaciones. Los abogados de Murillo vienen aplazando los tiempos al pedir a la Fiscalía que incorpore testimonios de nuevos actores vinculados al caso. Por otro lado, la defensa de la exfiscal ha venido apostando por la baza de la prisión preventiva domiciliaria.
En este largo año de encarcelamiento, Murillo Karam, de 75 años, ha sido trasladado a un hospital debido a una enfermedad pulmonar obstructiva y problemas cardiovasculares. Hasta ahora, la Justicia ha rechazado que realice su proceso legal en su casa por riesgo de fuga.
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