Un juez federal ha dado un nuevo revés a la Fiscalía General de la República (FGR) por deficiencias en la investigación del millonario desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abastos sociales creada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para sustraer alimentos básicos productos a los más pobres. El juez Gregorio Salazar Hernández determinó este martes que no había elementos suficientes para vincular a proceso a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y a quien la Fiscalía detuvo el 25 de abril acusándolo de delincuencia organizada y lavado de dinero. El periódico Reforma ha informado que la Fiscalía responsabilizó a Navarro Gárate por una compra irregular de productos lácteos por un monto de 400 millones de pesos. El juez Gregorio Salazar también ordenó la libertad de Carlos Norberto Valero Flores, exsubdirector de Aseguramiento de la Calidad, y del exsubgerente Enrique Zamorano Solís, quien estaba a cargo de la presentación de declaraciones de impuestos.
Sólo se vinculó a proceso Edgar Alejandro Armenta Peralta, representante legal de la empresa Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, acusado por la Fiscalía de participar en el fraude de productos lácteos. La negativa del juez de no vincular a proceso a los tres exfuncionarios de Segalmex se suma al rosario de derrotas judiciales de la FGR en sus indagatorias por el desfalco de 15.000 millones de pesos en la institución. En semanas anteriores, otro juez decidió no vincular a proceso, por falta de pruebas, a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos, a quien la FGR buscaba implicar en otro fraude relacionado con la compra irregular de varias toneladas de azúcar. . La Fiscalía ha tratado de explicar el agujero de corrupción en Segalmex con la teoría de una supuesta red de delincuencia organizada conformada por funcionarios menores y empresarios. Sin embargo, la autoridad ha excluido intencionalmente de esta teoría al extitular de Segalmex y máximo responsable de todos los funcionarios imputados hasta el momento, Ignacio Ovalle, amigo de López Obrador que continúa como funcionario de gobierno, en otra institución de menor relevancia.
una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha expuesto que la empresa Grupo Vicente Suárez 73 fue creada por Alejandro Puente Córdoba, un empresario del sector de las telecomunicaciones que estuvo involucrado en actos de corrupción de la FGR en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Establecida en 2014, la empresa obtuvo al inicio del sexenio de López Obrador dos contratos plurianuales Segalmex-Liconsa por más de 4,000 millones de pesos. Los contratos eran para procesar y vender leche a la agencia y fueron firmados en diciembre de 2019 por Armenta Peralta —ahora detenida—, quien se había desempeñado como abogada y representante legal de Puente Córdoba en múltiples negocios anteriores, según la publicación.
El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex al momento de la firma de los contratos era René Gavira Segreste, quien ya ha sido acusado por la Fiscalía en otros asuntos de corrupción, uno de ellos relacionado con la inversión ilícita de recursos públicos en la compra de bienes privados. certificados bursátiles fiduciarios, caso por el cual Gavira ya fue exonerado por sentencias de la FGR y un juez federal. El sucesor de Gavira fue Navarro Gárate, quien fue quien dio aviso de las irregularidades encontradas en la Unidad de Administración y Finanzas.
Fuentes con conocimiento del caso indican que Navarro Gárate abrió nueve expedientes por irregularidades en las que estaba implicado Ovalle, titular de la institución, pero internamente sus denuncias no prosperaron. Las fuentes indican que, si bien no fue él quien suscribió los contratos con Vicente Suárez 73 , es posible que estuviera involucrado por la FGR por haber suscrito convenios de reconocimiento de deuda con esa empresa a su llegada a la Unidad de Administración, los cuales fueron instrumentos implementado por Segalmex para reducir el daño a sus finanzas por actos de corrupción.
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