En las últimas semanas, México ha superado los 150.000 homicidios dolosos en lo que va del actual sexenio, en el que se ha desempeñado como presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que se superarán las cifras de asesinatos, ya catastróficas, del gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto. El informe más reciente habla de casi 152.000 homicidios entre diciembre de 2018 y abril de 2023, un año y casi cinco meses después del fin de la administración. Para dimensionarlo: durante todo el período de Peña Nieto se produjeron 156 mil. Y en su antecedente inmediato, el de Felipe Calderón, unos ya escandalosos 12.500. No se trata de cifras “según estudios”, sino de las proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y respaldadas por los fiscales estatales. Es decir, son los datos oficiales del Gobierno.
Qué legado de masacres y sangre, el que el próximo presidente recibirá en sus manos desde el primer día de su mandato: el de los casi cuatrocientos cincuenta mil mexicanos asesinados en los últimos tres sexenios. Una figura salvaje, digna de una guerra, que, sin embargo, pocos parecen moverse a estas alturas. Pero sería ingenuo esperar que algo cambie, si pensamos que las fuerzas políticas que se medirán en 2024, durante las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, son las mismas que han gobernado estos años de dirigir.
La ultraviolencia mexicana, en términos de discurso electoral, apenas existe como tema. Y si lo hace, es solo para reflejar el debate nacional en torno al cual todos giramos, como abejorros atrapados en la cuerda de un niño travieso: se trata de quién es el peor gobernante.
El actual partido en el poder responsabiliza al presidente del PAN, Felipe Calderón, por el inicio de la escalada de sangre, con sus operaciones contra el crimen organizado, que voló por los aires las viejas formas de convivencia (relativamente pacífica) entre las organizaciones criminales y los poderes institucionales. Esta consideración se extiende al PRI, hoy aliado del PAN, en cuyo último gobierno (2012-2018) se continuó con la política de Calderón.
Pero quienes se sienten herederos de esos gobiernos responden que el actual, el de López Obrador, ha permitido que grupos criminales gobiernen el país y que los niveles de violencia durante este período son, estadísticamente, los más altos de la historia. Y se apoyan, para demostrarlo, en el respeto casi místico que el presidente transmite a los capos y las organizaciones criminales y en las cifras, que son muy claras, aunque pretendan tergiversarlas para extraer supuestas «tendencias» de mejora (midiendo meses individuales o incluso quincenas), que será la solución a todo… «si seguimos así».
¿Qué proponen las corcholatas del oficialismo o los dispersos líderes de la alianza opositora para frenar la violencia? Nada. Para el oficialismo 150.000 muertos no son preocupantes y, al igual que el presidente, se niega a reconocerlo como un problema, pues está decretado que no existe tal cosa. Y se acabó Y para la oposición tampoco es que pase mucho. Decidida a refutar cada palabra que sale (no sin demora) de la boca del presidente, la oposición no hace más que seguir su agenda. Así, este sexenio ha implicado una serie de luchas por el control del aparato burocrático del Estado y sus poderes adyacentes. Y si, mientras tanto, los mexicanos comunes caen como moscas en las calles, entonces ese es su problema. El paciente, en definitiva, seguirá sin tratamiento, porque quienes se sienten con derecho a decidir por él se afanan en la lucha por la cerradura del consultorio, la posesión de la agenda y la llavecita del botiquín.
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