Si algo tiene el sureste de México es agua. Bajo esta premisa, el Gobierno prepara un decreto que dará potestad al presidente de turno para autorizar o rechazar nuevas concesiones de agua para uso industrial en estados donde haya escasez del líquido. Según los parámetros de esta Administración, 16 Estados —la mayoría del norte y tierras bajas del territorio— serán afectados por la disposición. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, precisó que la limitación de las nuevas autorizaciones de agua no se aplicará a las entidades del sureste del país porque en esa zona existe un suministro suficiente del líquido. “En los próximos días saldrá una publicación en el Diario Oficial (de la Federación), donde, en estos lugares donde no hay agua, sólo se otorgarán concesiones exclusivamente con la autorización del presidente. ¿Por qué? Porque no hay agua y la prioridad es del pueblo, la comunidad y el uso doméstico”, declaró este lunes durante la presentación a empresarios del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El funcionario lanzó el anuncio con un mapa del territorio de fondo. La imagen mostraba 16 estados del norte y bajos en un tono rojizo para simbolizar la escasez de agua para uso industrial. Centros industriales como Nuevo León, la capital del país, Jalisco y el Estado de México forman parte de este grupo. El resto del mapa, en color verde, destaca las entidades donde, según el criterio del Gobierno, hay suficiente disponibilidad de agua subterránea y por tanto, vía libre para nuevos permisos de agua. En este grupo se ubican los estados del sur, Nayarit y Tamaulipas.
Buenrostro indicó que las concesiones ya vigentes no corren ningún riesgo, sin embargo, advirtió a los empresarios sobre la posibilidad de que no se refrendan permisos para un mayor aprovechamiento del agua en aquellos Estados con escasez. “Si requiere mayor volumen (de agua), ya no habrá autorización”, zanjó.
La Ley de Aguas Nacionales vigente establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales debe realizarse mediante títulos de concesión o cesión que expida el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de los Organismos de Cuenca, o directamente por ésta, con base en en las reglas y condiciones establecidas en el cuerpo de la Ley y sus reglamentos.
José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), confió en que la limitación de concesiones por falta de agua no aplica para todas las industrias, solo para los altos empresarios de este recurso. El vocero del sector empresarial señaló que mientras las empresas de curtiduría demandan grandes cantidades de agua, las automotrices del sector automotriz utilizan un volumen menor y la mayoría de litros corresponden a agua tratada.
De entrar en vigor el decreto anunciado por Economía, las nuevas concesiones de agua de los empresarios pasarán ahora a la oficina de Palacio Nacional. La medida tiene como antecedente la amenaza que lanzó el presidente López Obrador a principios de año sobre la inversión de Tesla. En vísperas de hacer público el sitio en México donde se encuentra la nueva gigafábrica de autos eléctricos, el mandatario aseguró que si el magnate y dueño de Tesla, Elon Musk, optaba por el estado norteño, no le otorgarían permisos de agua e invitó al magnate a evaluar otras entidades en el centro del país. Pese a la amenaza, Musk terminó inclinándose por el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.
En México, el 76% del agua se utiliza en la agricultura; 14%, en abastecimiento público; 5%, en termoeléctricas y otro 5%, en industria. Según cifras oficiales, en el país se han otorgado más de 500.000 concesiones y asignaciones de agua, de las cuales unas 33.000 corresponden al uso de agua para la industria. Un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) detalla que la escasez de agua ha sido provocada por varios factores: desde sequía y orografía, hasta sobreexplotación de acuíferos, problemas en la red de distribución, contaminación y falta de control en las concesiones, especialmente en el sector agrícola
Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente de Imco, afirma que el anuncio de la Secretaría de Economía, lejos de responder a cuestiones técnicas o ambientales, obedece más a un interés político de canalizar inversiones de empresas hacia el sureste del territorio. “En primer lugar, el presidente (López Obrador) no tiene, ni debe tener, la protesta para decidir dónde se ubica una planta industrial. Hoy ni en Oaxaca ni en Veracruz hay capacidad para una industria manufacturera sofisticada instalada, Veracruz, por ejemplo, está mucho más orientada hacia el petróleo y la petroquímica. Todas las entidades pueden ganar, pero Chiapas no tiene que ganar a costa de Guanajuato o Oaxaca a costa de Coahuila y es muy importante que el Gobierno entienda esto”, comenta.
El especialista señala que la escasez de agua que han sufrido algunos del Estado también se explica por las pérdidas en el servicio público, por la ineficiencia del agua en el sector agropecuario, entre otros factores y por ello, más allá de reformar la Ley Nacional de Especialista de Aguas afirma que es urgente dotar de más recursos a la Conagua para monitorear y fiscalizar el buen uso de las concesiones. “Es cierto que el norte y centro del país tienen una condición de estrés hídrico importante, pero también es muy importante ver cómo cada inversión impacta o no en la disponibilidad de agua y la mayoría de las plantas manufactureras usan agua tratada, lo hacen no suponga una competencia por el agua destinada al consumo humano”, concluyó.
Para el presidente López Obrador no hay duda, el sureste del país cuenta con el 70% de los recursos hídricos nacionales y ese es el cauce que conducirá a esta zona, una de las más marginadas y con mayor rezago económico, a la industria. desarrollo en los próximos años.
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