Apenas unas horas ha tardado el presidente Andrés Manuel López Obrador en responder ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este jueves al mediodía, el pleno del alto tribunal declaró inconstitucional el acuerdo que amparaba los grandes proyectos del Gobierno como la seguridad nacional. Los ministros consideraron que el decreto, publicado en 2021, violaba el derecho de acceso a la información, por lo que votaron para invalidarlo. Esta misma tarde, en el Diario Oficial de la Federación, se ha notificado un decreto artículo único en el que el mandatario blinda el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, nuevamente, como proyectos de seguridad nacional.
“La construcción, operación, mantenimiento, explotación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transporte, servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipamiento tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico de el Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y Tulum, Quintana Roo”, se lee.Con este decreto, López Obrador protege la información relacionada con los cinco grandes proyectos inconclusos que le quedan en su sexenio.
El mandatario es, así, más específico de lo que decía el ahora impugnado decreto de 2021, que decía: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras por parte del Gobierno de México asociados a infraestructura de las comunicaciones, aduanas , fronterizas, hidráulicas, hidráulicas, ambientales, turísticas, sanitarias, ferroviarias, ferroviarias en todas sus modalidades, energéticas, portuarias, aeroportuarias y aquellas que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarias y/o estratégicas. de los presupuestos autorizados”.
La amplitud y ambigüedad del anterior decreto ha sido uno de los argumentos esgrimidos por los ministros para invalidarlo. “Lo que sí hace el convenio, por su amplitud y ambigüedad, es permitir que toda la información que se genere dentro del desarrollo de las obras y proyectos a que se refiere, dentro de la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece se supone que la información que compromete la seguridad nacional es reservada”, explicó el ministro que habló por el proyecto, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La respuesta directa de López Obrador a la Corte Suprema se convierte en una muestra más de la guerra abierta que mantiene el presidente con el Poder Judicial. Desde el ingreso de Norma Piña como presidenta de la SCJN, las fricciones con el Ejecutivo no han dejado de escalar. Esta última semana, el presidente se ha lanzado contra los privilegios de los ministros y ha propuesto que su nombramiento se elija a través de una consulta popular.
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