La Fiscalía General de la República ha obtenido información sobre 61 personas presuntamente involucradas en la red de corrupción creada por Genaro García Luna cuando estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La dependencia asegura que estas personas se confabularon para saquear parte de los recursos públicos que iban destinados a los penales federales, y los acusa de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El presunto cabecilla de esta trama, García Luna, se encuentra bajo la custodia de las autoridades estadounidenses desde que un jurado de Nueva York lo declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado el 21 de febrero de este año.
La red de corrupción, según la Fiscalía, estaba encabezada por García Luna y sus socios y testaferros Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg, tres de las personas sobre las que pesa ahora una orden de aprehensión. Estos últimos eran los encargados de canalizar estos recursos a las empresas controladas por el exsecretario de Seguridad. Lo hicieron a través de 10 contratos que alcanzaron la suma de 5.112 millones de pesos y que fueron sustraídos gracias a “diversas triangulaciones delictivas a nivel internacional”, expone el organismo. La Fiscalía ya emitió las tarjetas rojas para quienes se encuentran fuera del país, y que incluyen tanto a particulares como a funcionarios públicos.
Este proceso es independiente de la denuncia que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el despojo multimillonario, y que también incluye a García Luna, la Policía Federal y sus socios y empresas. El 9 de marzo, la UIF reveló la existencia de un tejido empresarial que opera a través de la empresa Nunvav Inc., que obtuvo contratos en 2012 del organismo que administra las prisiones federales (OADPRS) por un monto de 233 millones de dólares. . La empresa, con sede en Panamá, estaba a nombre de los empresarios Weinberg, quienes actuaban como intermediarios entre el dinero y García Luna. Los contratos que firmaron los funcionarios con esta empresa fueron, supuestamente, para la instalación de sistemas integrales de micrófonos, cámaras y equipos tecnológicos especializados para el control y vigilancia en prisiones federales.
Los procesos de Genaro García Luna se acumulan a ambos lados de la frontera. El 22 de febrero, uno de los funcionarios más importantes durante el gobierno de Felipe Calderón, fue declarado culpable de los cinco delitos que se le imputan en ese histórico fallo: concierto para distribuir, tener e importar internacionalmente cocaína, y dar declaraciones falsas a EE.UU. autoridades. El que fuera líder de la guerra contra las drogas se ha convertido, con el tiempo, en uno de los más altos funcionarios que ha demostrado tener estrechos vínculos con el narcotráfico, en medio de una política que buscaba erradicarlos de México.
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