La propuesta de Morena de elegir a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de México por votación se ha planteado cuando Bolivia, el único país del mundo que aplica este método desde 2011, discute cómo revertir el rumbo. Hace un mes, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, declaró: “Definitivamente, una gran duda que hay es si es necesaria una elección judicial”. Antes de ser ministro en la administración de Luis Arce, Lima se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia luego de postularse en las primeras elecciones para ocupar este cargo.
Este año, un grupo de abogados denominado Juristas Independientes organizó una recogida de firmas para solicitar un referéndum constitucional que, si bien no iba a eliminar el ejercicio del voto, sí pretendía cambiar el método de selección de candidatos, con el objetivo de dar vuelve un carácter técnico. La iniciativa solo logró 800.000 firmas del millón y medio que necesitaba, pero este fracaso se atribuye a la falta de recursos logísticos de sus impulsores más que a la existencia de un fuerte apoyo ciudadano a la elección por voto del Poder Judicial.
En las dos elecciones celebradas hasta el momento (2011 y 2017), los votos nulos y en blanco han sido más numerosos que los efectivamente entregados a los candidatos. En la primera ocasión ascendieron a casi el 60% y en la segunda al 66% de los votos emitidos. Esto ha impedido que se cumpla la razón principal por la que se adoptó este método, que era aumentar la legitimidad y por ende la independencia de las autoridades judiciales. La alta anulación de votos se debió al desconocimiento de los candidatos por parte del electorado y también a los llamados de la oposición a boicotear las elecciones y así bloquear lo que consideraron una «captura» política de las cortes: «una camino con un resultado positivo». predeterminado, la instalación de una mayoría de ciudadanos afines o militantes del Movimiento al Socialismo en la cúspide de nuestro sistema judicial”, se lee en un comunicado publicado en 2017 por la alianza de los principales partidos de oposición.
Bolivia no elige jueces por votación, solo los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos deben ser 50% mujeres y tener identidad indígena —al menos uno en cada institución. Son seleccionados por la Asamblea Legislativa a través de un procedimiento que cambió entre 2011 y 2017 para evitar que sea puramente político. La segunda vez, las facultades de derecho intervinieron y examinaron a los solicitantes por escrito. La innovación sirvió de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida, mientras que las que participaron fueron tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado.
Además, los parlamentarios, que se encargaban de entrevistar oralmente a los aspirantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta etapa para compensar sus bajos resultados en el examen escrito. Al final, en ambas ocasiones, el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó la mayoría de los candidatos. Para el proceso electoral que está previsto para este año (el mandato de los magistrados dura seis años), la división del MAS en dos alas, la de los seguidores de Arce y la de los incondicionales del expresidente Evo Morales, junto con la polarización política que dificulta que haya acuerdos entre estos dos grupos y las oposiciones de centro y derecha, han complicado las cosas. La Asamblea no ha podido aprobar hasta el momento la convocatoria electoral.
La mayor recriminación contra el método electoral introducido por la Constitución de 2009 es por no haber logrado un cambio en la administración de justicia, la cual continúa siendo cuestionada por organismos especializados nacionales e internacionales debido a su politización y alta corrupción.
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