La parálisis que sufre el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desde hace dos meses ha llevado a la organización a una situación límite. Este lunes por la tarde, tres juzgados de Justicia obligaron a convocar a un pleno extraordinario para encauzar algunas de las múltiples quejas y solicitudes que se acumulan sin resolver por la falta de quórum para el pleno, fijado en cinco consejeros. La institución tiene sólo cuatro. Los tres asuntos que se trataron fueron independientes entre sí y respondieron a las sentencias dictadas por diferentes tribunales en materia contencioso-administrativa, en respuesta a la demanda de juicio de amparo de tres personas “por no estar de acuerdo con las resoluciones emitidas por el organismo garante nacional”.
La intervención del Poder Judicial para forzar la convocatoria del pleno extraordinario está lejos de solucionar un problema que se agrava cada día que pasa. Con sólo dos meses de inactividad, el organismo acumula ya más de 5.200 solicitudes sin resolver, según sus propios cálculos. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas aprovechó la reunión para denunciar esta situación. “En el INAI cumplimos la ley, escuchamos a los jueces, estamos apegados a la Ley. Por eso estamos en sesión de manera extraordinaria, y entonces el escenario servirá para hacer un llamado al Senado de la República, pero también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional que tienen en su seno. fuerza. Vamos a seguir haciendo sesiones de manera extraordinaria mientras llegue una resolución de un juez”, dijo tras presentar la nueva resolución del pleno.
La institución está integrada por siete directores, pero trabaja con cuatro desde el pasado 31 de marzo, cuando quedó libre la tercera vacante vacante por falta de nombramientos en el Senado. Los dos anteriores llevaban un año sin asignar, desde abril de 2022, pero fue este último el que dejó al organismo sin facultad para convocar plenos ordinarios y, por tanto, al borde de la ineficacia total.
Ante la perspectiva de que esto sucediera, el 27 de marzo el organismo autonómico presentó por unanimidad una controversia de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha sido resuelta, aunque ya fue admitida. En él, los consejeros alertaron de los riesgos que implica seguir bloqueando los nombramientos en la Cámara. “La sesión plenaria quedaría inhabilitada para reunirse válidamente, afectando los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en perjuicio de todos los mexicanos”, señalaron.
Sus peores presagios se han hecho realidad. El 1 de marzo, el Senado llegó a un acuerdo para nombrar a los dos comisionados que cubrirían las vacantes que habían quedado abiertas desde abril, pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ejerció su derecho de veto dos semanas después y el pacto quedó sin efecto. Los asesores propuestos fueron Ana Yadira Alarcón, quien contó con el apoyo de 78 de los 128 senadores; y Rafael Luna Alviso, que tenía 74. López Obrador denunció entonces que se trataba de un reparto de «cuotas» entre el PAN y Morena, que eligió a dos comisionados, y anuló el compromiso. A finales de ese mismo mes finalizaba el mandato de nueve años de Francisco Javier Acuña, y con él desaparecía cualquier posibilidad de seguir funcionando con normalidad.
La institución ha sido motivo de fuertes críticas por parte del Gobierno en numerosas ocasiones. Es tal el rechazo que genera en el Ejecutivo, que Morena propuso sustituirlo por un nuevo instituto más pequeño (tres directores, en lugar de siete), cuyos comisionados se eligen por sorteo y cuyo proceso de selección recae en el Congreso, en lugar de en el Senado. Ante la imposibilidad de eliminarlo, para lo que necesitarían una mayoría cualificada en la Cámara que permitiera reformar la Constitución, la opción que se ha abierto camino hasta ahora ha sido impedir, de hecho, que el órgano sea Disponible para trabajar.
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