Fiscalía pide 82 años de prisión contra Murillo Karam por uno de los procesos del ‘caso Ayotzinapa’

El futuro es complicado para Jesús Murillo Karam, que en agosto cumplirá un año de prisión. El ex Fiscal General de la República, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en el marco de la caso ayotzinapa, Se enfrenta a decenas de años de prisión. En su acusación, presentada en abril ante el tribunal, la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), solicita 82 años de prisión en su contra. Murillo, de 75 años, podría pasar el resto de sus días en prisión.

Este es solo uno de los procesos que la UEILCA, parte de la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene contra el exfiscal. La unidad también acusa a Murillo de tortura y desaparición forzada, en el caso de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo. Rodríguez Salgado es un presunto integrante de Guerreros Unidos, grupo criminal que atacó a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en el Estado de Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El Cepillo fue uno de los primeros detenidos por el caso. , cuando Murillo comandaba la antigua Fiscalía. Detenido, sufrió torturas por parte de los investigadores.

Ambos casos avanzan en los tribunales a diferente velocidad. El primero fue el que envió a prisión a Murillo el año pasado, una de las detenciones más destacadas del actual sexenio, sin duda la más importante de las logradas por la UEILCA desde su creación, en junio de 2019. En este proceso, Las partes esperan el inicio de la fase oral de la etapa intermedia, momento en el que los investigadores presentarán las pruebas ante el juez. Fijada para el pasado mes de febrero, el inicio de esta etapa se ha aplazado a petición de los abogados de Murillo, que discreparon de la decisión del juez el año pasado de procesarlo.

Si nada cambia, la primera audiencia de presentación de pruebas ante el juez será el 18 de septiembre. Se iniciará entonces un período vital para la UEILCA, que se juega parte del trabajo cultivado estos años en el caso Murillo. Las audiencias iniciales fueron algo complicadas para los fiscales, obligados a presentar el caso ante el juez antes de los tiempos que maneja el jefe de la unidad, Omar Gómez Trejo. Este pedido de urgencia, ordenado desde la oficina del fiscal general, Alejandro Gertz, provocó un encontronazo con el titular de la UEILCA quien, por otros problemas, terminó con la renuncia de Gómez Trejo.

Esta primera acusación contra Murillo apunta a su rol al frente de las investigaciones del caso Ayotzinapa, desde que la antigua Fiscalía se hizo cargo de las pesquisas, en octubre de 2014, hasta su salida del cargo a principios del año siguiente. En esos meses, la Fiscalía, entonces Procuraduría General de la República (PGR), apoyada por la mano derecha de Murillo, Tomás Zerón, detuvo a decenas de personas y presentó una teoría del caso, que indicaba que los 43 estudiantes desaparecieron durante el ataque. habían sido asesinados en un basurero. Sus cuerpos, según esta versión, habían sido incinerados y los restos arrojados a un río.

Con el tiempo, esta versión, plagada de irregularidades, acabó desmoronándose. Muchos de los detenidos habían sufrido torturas por parte de sus captores en instalaciones de la PGR. Con las confesiones de los torturados, el equipo de Murillo y Zerón había armado la historia del basurero, impidiendo, según la UEILCA, una verdadera labor de búsqueda de los 43. De ahí que ahora la Fiscalía acuse a Murillo de torturar y forzar desaparición. Él, dice la UEILCA, era el jefe de todo y, con sus acciones y omisiones, permitió la tortura de los detenidos e impidió que la búsqueda de los muchachos fuera más profunda.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la UEILCA solicita la pena máxima contemplada para cada delito en la ley. Así, los fiscales piden 60 años por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 por delitos contra la administración de justicia. En el caso de El Cepillo, el caso aún se encuentra en etapa de investigación, proceso que no concluye hasta octubre. En todo caso, la UEILCA presumiblemente solicitará la misma pena por el delito de tortura que en el primer juicio, 12 años. En cuanto a la acusación por delincuencia organizada, los fiscales deben regirse aquí por el Código Penal Federal y no por la Ley General sobre Desaparición Forzada, caso del primer proceso. Esto limitará a los fiscales a solicitar un máximo de 40 años de prisión para el exfuncionario.

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