De Estados Unidos a México. Desde la policía de Zapopan, un municipio al este de Guadalajara, hasta la Secretaría de Hacienda de una de las economías más grandes del mundo. El caso de los siete jóvenes desaparecidos en Jalisco ha puesto en el punto de mira una estafa internacional que involucra, al menos presuntamente, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la poderosa organización criminal cuya principal actividad es el envío y venta de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos. El entramado de empresas expuesto por las autoridades estadounidenses revela la capacidad del crimen organizado para incrementar sus fuentes de ingresos gracias a las más diversas empresas ilegales, advierten expertos.
Todo comenzó el 27 de abril, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expuso una red de empresas vinculadas al CJNG, pero que se dedicaban a un negocio más prosaico que el narcotráfico. Una célula del grupo criminal con base en Puerto Vallarta se había especializado en un tipo de fraude telefónico que roba los ahorros de estadounidenses jubilados haciéndoles creer que estaban comprando o rentando una casa de vacaciones en las codiciadas playas de México. Las autoridades no han asegurado que los jóvenes desaparecidos fueran partícipes de esta actividad, pero han ido dejando pequeñas pistas por el camino. Los familiares de las víctimas han denunciado la “criminalización” de sus desaparecidos.
A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses anunciaron sanciones contra siete personas y 19 empresas vinculadas al cártel mexicano. Brian Nelson, Subsecretario de Inteligencia Financiera del Departamento de Hacienda, ha destacado la importancia de esta actividad para el financiamiento del cártel en Puerto Vallarta: “El fraude de tiempo compartido de bienes para uso turístico en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares, es una importante fuente de ingresos que sustenta la actividad delictiva general del grupo».
Eduardo Pardo Espino, mexicano de 45 años, es identificado como el cabecilla de esta trama, y ha sido sancionado junto con los otros seis individuos que presuntamente estaban bajo su mando. El objetivo de estas sanciones es bloquear los bienes e intereses que las personas designadas tienen en Estados Unidos. Las empresas cuyas actividades tienen conexiones o han realizado pagos a integrantes del CJNG están ubicadas en Cancún, Guadalajara, Nayarit y Puerto Vallarta, y estaban a nombre de las distintas partes involucradas. Tenían nombres como Bestthings, DantWoo Administration Services o Promotora Vallarta One, y servían como tapadera y conexión con otros líderes del grupo criminal.
Las víctimas favoritas de este esquema: “ciudadanos estadounidenses de edad avanzada”, como dice el informe del Departamento del Tesoro. “Antes de iniciar una compra de bienes raíces o hacer una inversión de tiempo compartido [cuando compras una propiedad a la que solo tienes acceso cierta parte del año] los ciudadanos de Estados Unidos deben tener cuidado”, advierte un aviso de la embajada de ese país de principios de mayo. El procedimiento es siempre el mismo: primero los intermediarios pretenden tener compradores listos. Posteriormente, los estafadores piden un adelanto de dinero que se necesita para pagar supuestas tasas o impuestos. Una vez que tienen el dinero en sus cuentas, los estafadores desaparecen.
Los métodos y técnicas que utilizan para dar vida a su discurso recorren un largo camino. Algunos, dice el aviso de la embajada, diseñan sitios web absolutamente limpios que imitan a empresas estadounidenses reales, pero están llenos de información falsa, como dónde se encuentra la empresa o los nombres de los propietarios. En otros casos, los estafadores presentan documentos falsos a las autoridades e incluso se registran en la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales, utilizando también nombres falsos. Y la historia no termina cuando son descubiertos. Las autoridades han llegado a detectar que, cuando el estafado deja de confiar en el estafador, este se hace pasar por un representante del gobierno mexicano o de una entidad financiera. Entonces piden una tarifa para ayudar a la víctima a recuperar el dinero perdido y desaparecen cuando se lo dan.
Carlos Antonio Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y especialista en crimen organizado, tomó la noticia y el reporte del Tesoro de EE.UU. con una buena dosis de sorpresa. “Yo no había identificado que el cártel se dedicaba a este tipo de negocios, porque los beneficios que se pueden obtener no son comparables a otros como el narcotráfico o huachicoleo”, asegura Flores. El narcotráfico y el robo de combustible, negocios más propios de una organización criminal de la talla del CJNG, revierten muchos más beneficios que las estafas telefónicas. «Si la información es cierta, significaría que el cártel está diversificando sus actividades».
El centro de esta operación está en Puerto Vallarta, el enclave turístico más relevante de la costa jalisciense. La organización Insight Crime dice que esto es solo «la punta del iceberg» de la participación del CJNG en el sector turístico de la ciudad, «que ha sido una mina de oro para el grupo durante años». El grupo delictivo aprovecha la promoción inmobiliaria y el consumo que genera el turismo para lavar dinero, creando una red de empresas constructoras y restaurantes a través de las cuales canaliza el dinero obtenido de forma ilegal. También se quejan de que «la eficacia de las sanciones internacionales, como la incautación de bienes por parte de las autoridades locales, es cuestionable». “Las sanciones estadounidenses tendrán poco impacto en la operación criminal, pero dificultarán mucho el acceso de las empresas al sistema bancario estadounidense”.
Ryan Donner, agente inmobiliario y abogado de Puerto Vallarta, dijo a un canal de televisión de Estados Unidos que habían tenido dos casos de este tipo en los últimos tiempos. “No es muy frecuente, pero nos han llegado”, dijo. En su caso, lograron detener la estafa antes de que la persona transfiriera dinero al cartel, pero no siempre es así. Donner dijo que los estafadores enviaban contratos falsos y documentos de aspecto oficial de la administración mexicana en los que se reclamaban impuestos. “Tienes documentos que parecen documentos oficiales, sería muy fácil caer en la trampa de pagarlos”.
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