El Gobierno de México obtuvo una victoria en su disputa legal contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Una corte de apelaciones de Florida rechazó esta semana una apelación de los abogados defensores argumentando que el caso no podía ser juzgado en suelo estadounidense. El fallo destrabó el litigio civil, empantanado hasta que se resolvió este asunto, y confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede exigir la devolución de más de 600 millones de dólares que fueron desviados de las arcas públicas a través de una red encabezada por el exjefe de la Policía Federal, según las autoridades mexicanas. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión en su rueda de prensa matutina de este jueves.
“La corte de Florida desestimó el recurso presentado por los abogados de García Luna para que no procediera con nuestra denuncia de corrupción”, declaró el mandatario. Desde 2021, la UIF, el brazo antilavado de dinero del Ministerio de Hacienda, presentó una demanda civil en Miami contra el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de López Obrador lo acusó de desviar cientos de millones de dólares a través de contratos irregulares asignados al exfuncionario y sus asociados durante las administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto. El principal obstáculo que tuvieron que sortear las autoridades mexicanas fue que se les reconociera el derecho a demandar en Estados Unidos, a pesar de ser una entidad extranjera. Eso era lo que estaba en juego en este último episodio de la batalla legal y también la posibilidad de retomar el proceso, que estaba detenido desde noviembre pasado.
La demanda del gobierno mexicano contra García Luna es un caso aparte del juicio que el exfuncionario tuvo este año en Nueva York por narcotráfico y crimen organizado. El exsecretario fue condenado en febrero pasado por colaborar durante más de dos décadas con el Cártel de Sinaloa y tres cargos agravados de tráfico de cocaína, además de mentir a las autoridades estadounidenses en su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense.
En cambio, la demanda civil en Florida es por corrupción. De la mano de sus socios de la familia Weinberg, García Luna se instaló en el área de Miami a los pocos meses de dejar su cargo en el gobierno de Calderón en diciembre de 2012. El exsecretario vivía en lujosas mansiones, compraba vehículos de alta gama, paseaba en yates y adquirió varios apartamentos a través de una red de empresas ficticias y transacciones en paraísos fiscales, lo que supuestamente le ayudó a desviar grandes sumas de dinero que obtuvo gracias a sus contactos en el Gobierno. Toda la información sobre la fortuna que amasó tras su salida del servicio público quedó fuera del juicio en Nueva York, luego de que los fiscales no pudieran probar que estuviera vinculado a su colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Los acusados en la demanda civil de Florida son García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, quienes también recibieron una orden de arresto el mes pasado por otros casos abiertos en México. También está siendo demandado Samuel Weinberg, señalado como principal cómplice del exsecretario, su esposa, su hijo y varios de sus familiares. La lista también incluye decenas de empresas fachada que se utilizaron para firmar los contratos y comprar las propiedades. El propio García Luna y sus allegados aparecen como directores, fundadores o beneficiarios finales de las empresas.
Linda Cristina Pereyra fue la única testigo que declaró a favor de García Luna en el juicio en Nueva York por narcotráfico. La mujer aseguró que todo su patrimonio estaba en regla y que fue fruto del trabajo de su esposo, así como de una serie de préstamos y pequeños negocios que ella pudo desarrollar. “Pensamos en irnos de México porque queríamos que nuestros hijos tuvieran una vida normal”, declaró. Al final, sus explicaciones no convencieron a los 12 miembros del jurado que, menos de dos semanas después, declararon culpable a su marido de todos los cargos.
Se espera que el juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, pronunciará sentencia contra García Luna en septiembre próximo. Mientras tanto, permanecerá tras las rejas en Estados Unidos. Desde otro frente legal, el gobierno mexicano espera que la causa civil avance con la idea de recuperar el dinero reclamado. El expediente judicial en Florida incluye cientos de documentos, incluidas órdenes judiciales, denuncias, pruebas y apelaciones de ambas partes. La decisión sobre el destino final de la fortuna del exfuncionario está en manos de un tribunal de Miami.
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