Los sectores más radicales del Partido Republicano se enfrentan a un nuevo revés. Los demócratas han presentado una enmienda en el Congreso que condiciona la aprobación del presupuesto del Ejército a cambio de que el dinero no se utilice en operaciones militares en México, como propusieron durante meses algunos legisladores conservadores para combatir los cárteles de la droga. La resolución prohíbe expresamente que los recursos sean utilizados en territorio mexicano sin la autorización del Poder Legislativo, pero puede ser bloqueado por la mayoría republicana.
“Recientemente, los republicanos han expresado su apoyo al envío de tropas militares a México, lo que sería un verdadero desastre”, dijo Nydia Velázquez, representante demócrata de Nueva York y autora de la enmienda. En medio de la crisis que azota a Estados Unidos por el uso del fentanilo, miembros de la ultra y de los sectores políticos más conservadores del país norteamericano han puesto en la mira la estrategia de seguridad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y han impulsado la idea de que las Fuerzas Armadas de EE. UU. deberían intervenir del otro lado de la frontera.
El gobierno mexicano ha sido enfático en su rechazo a lo que considera una violación a su soberanía y una estrategia para ganar votos en las elecciones del próximo año. López Obrador se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la «manía» de Estados Unidos de considerarse «el Gobierno del mundo» y de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. “Es pura propaganda. México es un país independiente”, condenó en marzo el mandatario. “No somos una colonia de Estados Unidos”, dijo en otras ocasiones. El choque entre las autoridades mexicanas y congresistas republicanos como Dan Crenshaw, Lindsey Graham o Mike Waltz se ha prolongado durante meses y ha aumentado las tensiones en la relación bilateral, a pesar de que ambos gobiernos han defendido que existe un diálogo fluido y amistoso en la lucha contra el crimen organizado.
La enmienda de Velázquez, una veterana legisladora que se convirtió en la primera puertorriqueña en llegar al Congreso, recibió el apoyo de otros congresistas demócratas de origen latino, como Chuy García, nacido en el estado mexicano de Durango, y el texano Joaquín Castro. . Rashida Talib, que hizo historia como la segunda musulmana en llegar a la cámara baja, también se sumó a la propuesta. La resolución de los demócratas progresistas es una respuesta directa a los reclamos de sus adversarios políticos y es el pronunciamiento más claro jamás contra la propuesta de los republicanos de línea dura. La cámara baja tiene la voz cantante sobre el presupuesto del gobierno, el llamado “poder de bolsillo”.
“Los recursos federales no podrán ser utilizados de ninguna manera en operaciones militares dentro o contra México”, se lee en el documento. Las únicas excepciones previstas son que «el Congreso de los Estados Unidos declare la guerra a México» o que se le otorgue una autorización expresa para ejercer el uso de la fuerza del otro lado de la frontera de conformidad con la Resolución de Poderes de Guerra, una ley diseñada para controlar cómo y contra quién el Ejecutivo estadounidense puede iniciar un conflicto armado. Otra excepción es cuando se lanza una operación militar para ayudar o rescatar a ciudadanos estadounidenses en situaciones peligrosas en territorio mexicano.
El nuevo candado que impulsa Velázquez reduce aún más la posibilidad de una intervención militar en México contra los cárteles de la droga. Desde que la propuesta surgió en los medios, parecía poco probable que fuera aprobada en ambas Cámaras. Además, tal ofensiva bélica tendría que contar con el apoyo del gobierno de Joe Biden, que se ha mostrado reticente.
La propuesta de que militares estadounidenses intervengan contra grupos criminales no es nueva. Se consideró, de hecho, desde la Administración de Barack Obama y cobró fuerza durante el Gobierno de Donald Trump, pero nunca tuvo un apoyo tan visible como ahora. El hecho de que su aprobación sea poco probable no ha impedido que algunos republicanos lleven la propuesta al terreno electoral para buscar un escaño en la próxima legislatura o incluso competir por la candidatura presidencial de su partido. Y cada vez más políticos conservadores han apoyado el uso de las fuerzas militares en México, no solo contra los cárteles, sino también para frenar la inmigración. Entre ellos se encuentran el propio Trump y el gobernador de Florida, Ron de Santis, según informan medios estadounidenses. Trump, de hecho, coqueteó con la idea de lanzar misiles para destruir laboratorios de drogas en México, según las memorias de Mark Esper, exsecretario de Defensa.
Todos los ojos están puestos en lo que sucederá el próximo año, cuando ambos países tengan elecciones presidenciales. Consciente de que la reconfiguración del tablero político a ambos lados de la frontera podría insuflar nueva vida a la polémica propuesta, la red consular de México se ha movilizado para desalentar a los ciudadanos a votar por candidatos de línea dura. Hay más de 36 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, según el Pew Research Center.
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