El Gobierno de México no se rinde en su lucha contra la industria armamentística de Estados Unidos. Los abogados que representan a las autoridades mexicanas y a los fabricantes de armas presentaron este lunes sus argumentos ante un tribunal de apelaciones, que decidirá si la demanda se reanuda en tribunales estadounidenses o si se mantiene el fallo de un juez de Massachusetts que lo desestimó en septiembre del año pasado. “Estamos optimistas de que lograremos una decisión favorable”, dijo Alejandro Celorio, asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa al término de la audiencia. “El simple hecho de que la comunidad en México, Estados Unidos y el mundo preste más atención a estos argumentos legales ya es una victoria en sí misma”, dijo el diplomático, quien estima que se decidirá en un plazo de seis a ocho meses, aunque no hay un plazo definido para que se resuelva el asunto.
El principal obstáculo que enfrenta la causa mexicana es la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado durante la Administración de George W. Bush que blinda a la industria armamentista de cualquier demanda derivada del mal uso de sus productos. Ese escudo legal y la inmunidad que otorga a los productores de armas fue el argumento que se utilizó para desestimar el caso en primera instancia en un tribunal de Massachusetts. “Si bien esta corte tiene una empatía considerable por los mexicanos y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales de México, está obligada por la ley”, dijo el juez Dennis Saylor en su fallo el año pasado.
Las autoridades mexicanas presentaron la apelación semanas después del fallo, pero recién ahora ambas partes han podido presentar sus argumentos orales ante tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts. Desde entonces, se anticipó que el proceso legal llevaría tiempo. “Desde que el gobierno mexicano interpuso la demanda, sabíamos que quien perdiera en primera instancia iba a apelar”, dijo Celorio. La decisión de dónde iniciar el litigio, así como dónde se iba a apelar la sentencia del año pasado, fue parte de la estrategia legal del país latinoamericano. El tribunal tiene una mayoría de jueces designados por presidentes del Partido Demócrata, quienes pueden ser más simpatizantes de la causa mexicana.
Los abogados de México dieron tres argumentos para derribar el escudo legal que protege a la industria armamentística. Señalaron, en primer lugar, que la PLCAA no se aplica a los daños cometidos fuera del territorio de los Estados Unidos. Explicaron, en segundo lugar, que existen precedentes legales en los que se ha podido sentar en el banquillo de los acusados en juicios tras tiroteos y masacres que se han producido en Estados Unidos. Finalmente, presentaron un argumento más técnico, que tiene que ver con las aplicaciones extraterritoriales del derecho de un país en otro y cómo choca con la soberanía de cada Estado. El equipo legal del Gobierno mexicano afirma que no está establecido explícitamente en la ley que se pueda aplicar fuera de Estados Unidos.
“Las armas están en México, no por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los delincuentes accedan a ellas en Estados Unidos”, dijo Celorio. A partir de este momento, los jueces revisarán los argumentos de ambas partes, tanto escritos como orales. El mejor escenario para el caso mexicano es que se ordene a la corte de Massachusetts que retome el caso y entre en la fase de producción de pruebas (conocida en inglés como descubrimiento). Lo peor es que se reafirma la decisión de no continuar con el caso.
De todas formas, las autoridades mexicanas anunciaron que agotarán todas las instancias posibles y que están dispuestas a llegar hasta la Corte Suprema. “Esta no es una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos, contra el pueblo estadounidense o contra el derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, dijo Celorio. “Es una demanda donde el Gobierno de México exige a las empresas de la industria armamentista que se comporten con responsabilidad”, reiteró.
El litigio ha permitido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador posicionar el tema en la mesa de negociación bilateral con su vecino y contener reclamos a su política de seguridad desde Washington. También se convirtió en una de las prioridades del excanciller Marcelo Ebrard, quien dejó el cargo en junio pasado para buscar la candidatura presidencial de Morena en las elecciones de 2024. El tema también ha surgido en foros internacionales como las Naciones Unidas. La demanda se presentó originalmente contra nueve empresas productoras de armas y dos distribuidores de armas. El argumento es que la negligencia de las empresas ha incrementado el poder de fuego de los cárteles y ha resultado en miles de muertes violentas en México. Los fabricantes negaron las acusaciones y se negaron a asumir la responsabilidad por el mal uso de sus productos.
México tiene dos casos separados para atacar el comercio ilegal de armas desde Estados Unidos desde diferentes frentes. El primero es contra los productores y traficantes de armas, el primer eslabón en la cadena de suministro de armas al crimen organizado, en Massachusetts. Es el que está siendo apelado. Hay otra demanda, en este caso civil, contra los traficantes de armas, es decir, el último eslabón de esa cadena, presentada en una corte federal en Arizona y que aún está en curso. Se espera que pase mucho tiempo antes de que se conozca el resultado de la batalla legal.
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