
El Departamento de Justicia demandó este lunes al Estado de Texas por la instalación de un muro flotante en el Río Bravo, destinado a evitar que los migrantes crucen la frontera que separa a México de Estados Unidos. La Administración de Joe Biden pasa así a atacar al gobernador Greg Abbott, que ordenó la instalación de la barrera, formada por enormes boyas naranjas, el pasado mes de junio.
Se trata de un obstáculo de unos 350 metros, que el gobierno federal critica por sus «implicaciones humanitarias». Abbott no tenía permiso de ninguno de los dos países para instalarlo en el tramo que separa Eagle Pass, en Texas, y, del otro lado, Piedras Negras, en Coahuila.
Es la última provocación del gobernador, que se enfrenta a Washington por el manejo de la frontera. Como parte de un plan puesto en marcha hace dos años bajo el título de Operación Estrella Solitaria (como se conoce al estado de Texas), ha colocado alambre de púas en algunos puntos de la línea divisoria, ha detenido a inmigrantes acusándolos de allanamiento de morada y los ha enviado en autobuses pagados con dinero público a ciudades de mayoría demócrata, como Chicago, Nueva York o Washington. Algunos de los que llegan a la capital tienen como destino la casa de la vicepresidenta Kamala Harris, a cuyas puertas quiso traer la crisis que se vive en el sur de su estado, que comparte 2.000 kilómetros con México, atravesado por 28 puentes internacionales y pasos fronterizos.
La denuncia no ha sorprendido al gobernador, quien este lunes envió una carta al presidente Biden en la que lo acusa de no detener el flujo migratorio y defiende su derecho a tomar las medidas que el gobierno federal no adopte para atacar la crisis. “Texas lo espera en la corte, señor presidente”, escribe en la carta de Abbott.
El Departamento de Justicia le había dado hasta ese mismo día para rectificar, porque, según le dijo por escrito la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, las boyas representan “un riesgo de seguridad para la navegación en el Río Grande, además de sus implicaciones humanitarias”. Gupta también afirmó que el gesto había provocado «protestas diplomáticas de México» y podría «dañar la política exterior de Estados Unidos».
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acusó a Abbott de actuar de mala fe en este asunto. “El único que está sembrando el caos es el gobernador”, agregó en su conferencia diaria a preguntas de los reporteros. “Eso es lo que sigue haciendo: pantomima política inhumana”.
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Jean-Pierre presumió que la frontera está registrando las cifras más bajas de cruces ilegales en los últimos dos años, luego de que en mayo se levantara el Título 42, una regulación impuesta por la Administración de Donald Trump con el pretexto de frenar el avance de la pandemia. Permitió la rápida expulsión de migrantes, quienes fueron devueltos a México en cuestión de minutos. Ahora rige solo el Título 8, lo que en la práctica significa un endurecimiento de las condiciones para solicitar asilo. Permitió que la administración de Barack Obama deportara a más de tres millones de inmigrantes en ocho años.
No es la primera vez que Abbott, que cumple su tercer mandato como gobernador, y la Administración Biden se enfrentan en los tribunales. El fiscal general Merrick Garland acusó al estado en 2021 de sobrepasar los límites de sus poderes al autorizar a los policías de Texas a detener vehículos que transportaban migrantes con la excusa de que podrían estar contribuyendo a la propagación del coronavirus.
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