Adán Augusto López, secretario de Gobernación de México, se ha pronunciado en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de considerar inválidas las reformas a dos de las leyes que forman parte del llamado “plan B” electoral. “Nueve ministros repasaron la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, aseguró el secretario en un mensaje publicado en sus redes sociales. Este lunes por la mañana, nueve ministros han votado a favor de eliminar la reforma por las violaciones al debido proceso legislativo en que se incurrió para llevar a cabo la norma.
El secretario de Gobernación ha interpretado esta decisión como un ataque a la democracia. “El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Corte Suprema de Justicia decidió seguir protegiendo los intereses privados”, publicó en su cuenta de Twitter. “No hay otra: Plan C en las urnas”, agregó. Este último plan consiste en “no votar por el bloque conservador”, según dijo a finales de marzo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. “Que no estén pensando que todo se acabó. Para que la transformación siga, no hay que votar por los conservadores. Ese es el plan C”, preguntó el mandatario durante una de sus conferencias matutinas.
Mario Delgado, presidente de Morena, el partido de López Obrador, ha sido más explícito en sus críticas a la decisión de la Corte. “La anulación de la primera parte del Plan B de la reforma electoral es un claro ataque a la división de poderes. Los legisladores que por mayoría y luego de un intenso trabajo legislativo aprobaron estas reformas, son representantes populares y esta reforma respondió al clamor del pueblo de vivir en una auténtica democracia, sin derroches; no a los intereses de una minoría. Es lamentable la decisión de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia hoy”, tuiteó Delgado.
En su decisión, la Corte no se ha referido a las leyes aprobadas, sino a las irregularidades en el proceso por el cual fueron aprobadas. Alberto Pérez Dayán, que propuso el proyecto que se sometió a votación esta mañana y que votó a favor de su nulidad, ha asegurado que está «convencido de que ningún miembro de la Cámara de Diputados tenía la posibilidad real de conocer el contenido de la leyes aprobadas, requisito necesario para que se lleve a cabo un «procedimiento legislativo constitucional», explicó el ministro, quien remató: «El conjunto de vicios y errores en la función legislativa son de tal magnitud que avalar un acto legislativo procedimiento con estas características equivaldría a suponer que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las normas constitucionales, lo que me parece inadmisible”.
Desde la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte Suprema, la institución ha tomado una posición cada vez más reñida con los procedimientos gubernamentales. Esta decisión sienta un importante precedente para otras decisiones de la misma trascendencia que deberá tomar la Corte en las próximas semanas. En juego también están las iniciativas legislativas aprobadas el 28 de abril en vía rápida. Expertos en derecho legislativo advierten que las formas en que se aprobaron estas leyes, y que serán utilizadas por la oposición para impugnar su aprobación.
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