Un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez ha dejado al menos 37 muertos en la madrugada de este martes, según confirmó una fuente del gobierno de Chihuahua. La misma fuente atribuye el accidente a la quema de un colchón. «Es una tragedia», dijo a EL PAÍS. Las víctimas son migrantes que fueron detenidos en las instalaciones del centro federal. Habían sido arrestados ese mismo día en la ciudad fronteriza y aparentemente estaban dentro de habitaciones cerradas, según esta fuente. Hay al menos otras 10 personas gravemente heridas.
Este lunes, agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a más de 70 personas en Ciudad Juárez por presuntos disturbios en la vía pública. Posteriormente fueron instalados en varias celdas del lado izquierdo del edificio, que depende del gobierno federal. Una fuente estatal ha señalado que fueron los propios migrantes quienes «prendieron fuego a las esteras que tiene el edificio en señal de protesta y el fuego se propagó». Las primeras imágenes muestran decenas de cuerpos amontonados en el exterior del edificio, que se encuentra en el Puente Internacional Stanton-Lerdo. Hasta el lugar se han desplazado tanto Bomberos como la Guardia Nacional para atender a los damnificados. La Fiscalía General del Estado ha asumido la investigación.
Ciudad Juárez se ha convertido en una olla a presión con la llegada de numerosos grupos de migrantes que intentan cruzar al norte o, mientras tanto, buscar asilo en México. La región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México en 2022. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el flujo migratorio aumentó 8% en territorio mexicano. En diciembre pasado se pulverizó cualquier récord migratorio: los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251.487 personas, es decir, en promedio, más de 8.000 personas al día. En el mismo mes, pero en 2019, apenas eran 40.000.
De estos detenidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), 202.000 recibieron el llamado Título 8, que les permite ser deportados a sus países de origen, y el resto, casi 50.000. , fueron enviados a México bajo el polémico Título 42. Esta antigua directiva, que fue revivida por Donald Trump, permite el rechazo de ciudadanos extranjeros, incluidos los solicitantes de asilo, alegando motivos de salud, en este caso la pandemia del coronavirus. Un pretexto rechazado por los organismos de derechos humanos y del que el gobierno de Biden aún no se ha retractado.
En ese contexto, con México convertido en una tensa sala de contención y bajo la presión de los Estados republicanos, Biden anunció el 5 de enero la implementación de un nuevo programa para otorgar 30.000 permisos especiales cada mes a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Sin embargo, estas visas, que están diseñadas para desalentar los cruces terrestres, solo se pueden solicitar si ingresa al país por vía aérea y no ha intentado cruzar la frontera ilegalmente. Mientras tanto, miles de migrantes han quedado varados en México sin posibilidad de acceder a estos permisos y sin recibir asilo en el país.
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