La no reelección de cargos políticos en México es casi una religión, pero son muchos los que se ven tentados a eludirla por medios opacos. Alito Moreno, líder nacional del PRI, y también el presidente y secretario general de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, respectivamente, así lo intentan, por citar algunos ejemplos que estos días se debaten en los tribunales correspondientes. Ambos partidos modificaron sus estatutos para ampliar sus cargos y lo justificaron por la inconveniencia de iniciar la renovación con un proceso electoral a la vista. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora debe votar el proyecto de resolución que ya elaboró la magistrada Janine Otálora, en el que declara “inconstitucional” la reforma estatutaria de Morena. Si el Pleno acepta su criterio legal, sería un precedente que también podría acabar con las pretensiones de Alito Moreno de continuar en la dirección del PRI más allá de lo que legalmente le otorga su partido.
En el III Congreso Nacional de Morena se establecieron algunas modificaciones en los estatutos que nadie pasó por alto: esos cambios permitieron que Mario Delgado y Citlalli Hernández siguieran ejerciendo sus funciones por más tiempo del determinado. Un grupo de militantes apeló esa decisión ante el INE, que en un principio estuvo de acuerdo con ellos. El caso escaló al Tribunal Federal Electoral, donde ahora, en el proyecto de resolución, ese paso se tilda de “inconstitucional” y le da un tirón de orejas a Morena: “Empieza a ser recurrente la prórroga de titulares en cargos partidistas”, dice el proyecto, señala que quienes ocuparon el cargo en 2015 lo concluyeron en 2020, dos años más de lo previsto en los estatutos, mientras que los actuales “pretenden dejar el cargo en 2024”, cuando les toca dejar este agosto “Aprobar la prórroga […] favorece la perpetuidad de los altos cargos de la dirección partidaria, lo que se traduce en una vulneración de los derechos de los demás afiliados”, advierte la resolución de Otálora.
La ira en estos casos proviene, efectivamente, de la propia militancia. Recientemente, Miguel Ángel Osorio Chong se quejó de las intenciones del líder de su partido, el priísta Alito Moreno, quien hizo una jugada prácticamente idéntica a la de los morenistas. A Alito le concedieron tres meses más con la misma justificación, estando a las puertas de un proceso electoral, que una vez iniciado no permite un cambio de liderazgo. Esto le permitiría durar hasta septiembre. La ley electoral, el polémico plan B, cambió de ritmo, pues en noviembre comenzaría la campaña para las elecciones de 2024. Para solucionar este pequeño imprevisto, Alito ya no habló de tres meses, sino de 90 días hábiles, de tal forma que pudiera llegar a la fecha electoral. “El señor quiere quedarse en el partido, pegarle al inicio del proceso electoral y luego quedarse un año más”, denunció recientemente en una entrevista Osorio Chong, otrora buen amigo de Alito Moreno y hoy opositores del mismo color. . Pero el INE derribó las expectativas del dirigente, quien ahora enfrentará al Tribunal Electoral.
El proyecto de Otálora cierra el camino a quienes buscan ampliar sus posiciones argumentando un tema excepcional, es decir, las exigencias de una situación específica. “Un partido político nacional se encuentra todos los años participando en procesos electorales, por lo que no es posible calificar el motivo como excepcional, relevante, extraordinario o transitorio”, advierte el texto. Recuerda a los morenistas que estos cargos son por tres años y que deben dejar pasar todo un período antes de postularse para el próximo y último mandato. Pretender modificar eso con un artículo transitorio, como se hizo, “vulnera el Estatuto [del partido] y al sistema democrático” porque “no había posibilidad de que los militantes que aspiraban a ocupar dicho cargo pudieran registrarse y competir para ser electores en una asamblea oa través de la encuesta”.
En todo caso, el proyecto de ley sostiene que, si el partido lo estima conveniente, “podrá prorrogar o acortar los mandatos de los referidos cargos” en el futuro, para que no coincidan con los procesos electorales federales. Pero no ahora de una manera que se etiqueta como «inconstitucional».
Otálora insta al partido a respetar el sistema democrático; Si bien tiene autonomía para regular sus asuntos internos y autodeterminación, «esto no es suficiente para que aprueben una norma que contraviene los principios constitucionales electorales». Si el pleno de la Corte aprueba este proyecto de resolución contra las pretensiones de prórroga de Morena, el líder priísta deberá remojarse las barbas.
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