No es un secreto que la élite económica mexicana ha incidido en la construcción de un marco legal que los favorece y somete al Estado a una camisa de fuerza que promueve la inercia. Esta camisa de fuerza, tejida en furtivos preceptos legales e interpretaciones consuetudinarias, ha limitado la capacidad del Estado para construir obras públicas, contratar bienes, prestar servicios e incluso diseñar su propio presupuesto.
El resultado es un gobierno incapaz de actuar con la agilidad necesaria para perseguir el desarrollo económico.
Con la legislación actual y el litigio estratégico que genera, desarrollar la infraestructura que dio vida al México contemporáneo habría tomado décadas o habría sido completamente imposible. La construcción de 133 kilómetros de carreteras en la década de 1970 o la Central de Abasto en la década de 1980 requirieron de un Estado capaz de expropiar cientos de propiedades y reubicar a miles de familias en busca del bien común. Ambos proyectos se desarrollaron en menos de dos años, algo impensable en el marco legal actual.
El marco legal inhabilitante que tenemos hoy no fue creado de mala fe. Se gestó en la simple y llana desconfianza. En su momento, se consideró correcto restringir la actuación de un Estado que, por doctrina, se consideraba incompetente y corrupto.
De hecho, muchos todavía creen que la constricción draconiana del Estado mexicano es positiva. Su principal argumento es el miedo. Desde la derecha se teme que el Estado se haga demasiado fuerte y pueda influir en los diseños del mercado con obras de gran envergadura. Desde la izquierda se teme que un Estado sin restricciones sea capturado por los intereses de las élites o tenga carta blanca para afectar el medio ambiente o los pueblos indígenas.
No comparto estas opiniones. No cabe duda que el Estado debe rendir cuentas y tener limitaciones. Sin ellos, la democracia se erosiona y la calidad de las decisiones públicas disminuye. Sin embargo, no podemos negar que muchas de las buenas intenciones que se encuentran codificadas en el derecho han dado vida a un entramado jurídico complejo e incapacitante que atrofia al Estado.
Esto no solo ha sucedido en México. como has mostrado el trabajo de la profesora-investigadora de la Universidad de Harvard, Alisha Holland, Colombia se encuentra en la misma situación. Su constitución tiene restricciones tan fuertes a la expropiación que al país se le ha impedido de facto construir carreteras. Así, Colombia es uno de los países con peor infraestructura vial de América Latina. Dos de cada tres proyectos quedan congelados por decisiones de jueces que, en ocasiones, operan coludido con privado.
Es en este contexto que la iniciativa de López Obrador cobra relevancia. México necesita ampliar el margen de maniobra de su Estado y la propuesta es hacerlo en cinco aspectos clave.
Primero, para facilitar la construcción de obras que tengan interés social. Actualmente, todos los dictámenes y permisos para una obra deben estar en orden antes de iniciarla. Esto retrasa el inicio de cualquier proyecto durante años. La iniciativa busca que, en los casos de interés social y bajo estricta supervisión de las instancias correspondientes, se pueda iniciar la obra mientras se completan los trámites. Esto no exime a la obra de la obtención de permisos.
En segundo lugar, busca limitar el monto de la compensación que se paga. Para ello, se solicita que su valor se calcule con respecto a la ley de expropiación y no a precio de mercado. Además, la compensación se anula cuando la acción del Estado está motivada por el interés social, o cuando la persona que va a recibir la compensación ha obtenido la propiedad de que se trata en violación de la ley.
En tercer lugar, se da certeza sobre qué actos administrativos pueden ser declarados nulos. Actualmente, la anulación ha sido el campo de juego favorito de las firmas legales. A base de artimañas jurídicas han logrado que los actos nulos no sean anulados en su origen o que los servidores públicos no queden exentos de cumplir actos nulos. La propuesta es que lo anterior cambie y que ningún acto contrario a la ley pueda ser jurídicamente firme.
En cuarto lugar, se rompen los monopolios de contratación pública. Se permitirá la participación de empresas extranjeras en las licitaciones y, en casos de emergencias médicas o de seguridad nacional, se permitirá el pago de anticipos superiores al 50% para la adquisición de bienes. Esto abre los mercados y fomenta la caída de los precios.
Finalmente, se solicita que todos los contratos suscritos por el Estado incluyan una cláusula de terminación anticipada. Hasta ahora, las privadas dejan de incluirlo a propósito, para dificultar el cambio de proveedor. La nueva obligación replica la legislación existente en Francia, Argentina y Perú.
No hay duda de que la discusión de estos cinco apartados será controvertida. No comparto todas las ideas expresadas en ellos. Sin embargo, tampoco comparto la opinión de que toda la iniciativa es una herejía antimercado digna de un «país bananero» (sic). Por el contrario, esta iniciativa será estudiada en la escuela como una radiografía de todas las formas en que las firmas legales han logrado interpretar la ley para marginar al Estado.
En los países desarrollados, hablar de estos temas no es herejía. En Estados Unidos existen decenas de trabajos que han demostrado cómo la ley dificulta el desarrollo de obras públicas. Hay una clamar por cambiarlo y volver a un estado que puede construir de nuevo.
En México también es momento de cuestionar nuestros supuestos. Preguntarnos si realmente necesitamos el interés privado, disfrazado de derecho, para imposibilitar la consecución del bien común. O si necesitamos un litigio que inmovilice y congele la acción pública. El presidente se nos ha adelantado en esta discusión y anticipo que no será popular. México no está preparado para una discusión profunda y no ideológica sobre el Estado que queremos.
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