Asesinatos de líderes indígenas: pasividad | Opinión

Lo que sucede hoy es dramático y por momentos parece tener una semejanza con períodos históricos en los que intereses depredadores -tanto durante la colonia como después de ella- hicieron que los indígenas fueran blanco de muerte para apropiarse de sus territorios. En eso, con otras modalidades, está ahora.

Si las imágenes narradas dramáticamente por Bartolomé de las Casas o Fray Bernardino de Sahagún sobre la conquista española y la usurpación de los derechos de los pueblos indígenas fueron terribles, al fin y al cabo eran “cosas del pasado colonial”. En plena república, el “genocidio del Putumayo” de Casa Arana en la explotación del caucho en Colombia/Perú (ríos Putumayo/Caquetá) en el período 1879-1912 fue otra historia de horror, masacres, esclavitud y abusos.

Pero el horror continúa. Bajo otras modalidades en el siglo XXI, dos temas se destacan en este panorama desolador.

En primer lugar, si en el pasado colonial y republicano la “masa” indígena como tal parecía ser el blanco a ser demolido y sojuzgado directamente, para convertirla en fuerza de trabajo asalariada o para esclavizarla, en la actualidad el blanco es la población indígena. líderes que defienden los derechos de sus pueblos y los territorios que representan. Porque el objetivo, intimidar o asesinar líderes, busca esencialmente generar terror para ocupar territorios o apropiarse de ellos para sembrar plantas de coca, tala depredadora o minería ilegal de oro.

Ese es el escenario en el que, por ejemplo, en los últimos diez años, 322 personas han sido asesinadas en Colombia por su labor de liderazgo y representación en defensa de la tierra y el medio ambiente. Sobre Perú Global Witness ha registrado al menos 51 asesinatos de defensores de derechos humanos indígenas entre 2012 y 2021. Según un reciente informe de la organización peruana Proética, entre abril de 2020 y abril de 2022, 21 defensores fueron asesinados o desaparecidos con impunidad cuando actuaban en contextos de defensa de sus derechos en la Amazonía. Un caso excepcional en el marco de una impunidad generalizada es la condena por parte de la justicia peruana a 28 años y tres meses de prisión a los cinco imputados por el asesinato, ocurrido en septiembre de 2014, de cuatro líderes indígenas en la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto . , distrito de Masisea (Ucayali).

En segundo lugar, la inacción o, en el mejor de los casos, la actuación deficiente de los Estados es visible y lamentable. En mayor o menor medida, ya sea en México, Honduras, Colombia o Perú, las medidas preventivas o de protección son inexistentes o deficientes, así como las medidas posteriores de investigación y sanción. Dentro de estas difíciles condiciones y de la acción estatal, lo que la realidad exige es una acción eficaz, tanto preventiva como reactiva. La indulgencia, entonces, tiene que terminar. De no producirse cambios, el sistema político deberá determinar las responsabilidades políticas, administrativas o penales que pudieran existir.

Algo se ha hecho pero sin mayor impacto. En Perú, por ejemplo, en 2019 se creó un mecanismo interinstitucional en el gobierno central para abordar el problema de la creciente violencia contra las personas defensoras, que reúne a nueve entidades del poder ejecutivo con una serie de obligaciones en materia de prevención y protección. De acuerdo con lo planteado en el informe de Proética, si se creó -correctamente- la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNI-DA) en el Ministerio del Ambiente, el sistema institucional en su conjunto está marcado por una serie de falencias y deficiencias en su operación. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior -clave en materia de seguridad- no se ha elaborado el protocolo de actuación sectorial. Sería importante lograr que un mecanismo como este se fortalezca, funcione correctamente y tome acciones como las sugeridas en el informe de Proética.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta, al mismo tiempo, que, junto a esta maraña de intereses oscuros, ilegales y depredadores, pueden existir proyectos empresariales limpios y legítimos. Por ejemplo, en el campo forestal. Estos pueden ser aliados de buenas causas para promover espacios de respeto recíproco y protección del medio ambiente en los que los pueblos indígenas del lugar puedan convivir junto a proyectos empresariales serios. Esto no tiene que ser considerado en genero como depredador como lo demuestran experiencias positivas en otras partes. La madera, por ejemplo, es una de las principales exportaciones de Finlandia. Chile, por su parte, es el doceavo exportador de madera aserrada del mundo y de zonas que no están siendo depredadas.

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