La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los legisladores dieron luz verde a una modificación histórica, allanando el camino para que el actual presidente, Nayib Bukele, pueda postularse nuevamente en 2029 si así lo decide. Esta reforma cambia significativamente el panorama político del país al permitir que un presidente pueda competir por tantos periodos como desee, siempre que la población lo elija en las urnas.
El cambio contempla aumentar el mandato presidencial de cinco a seis años, permitiendo que los electores decidan tanto al inicio como a la mitad del periodo si otorgan el control de la Asamblea Legislativa. Este control es esencial, pues es mediante la Asamblea que se seleccionan funcionarios de segundo grado y se aprueban o modifican leyes.
Cambios que alteran el procedimiento electoral y su impacto en las próximas votaciones
Aparte de habilitar la reelección sin límite, los legisladores también dieron su visto bueno para acortar el período de gobierno de Bukele de 2029 a 2027. Esta acción tiene como objetivo hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas, permitiendo que ambas se lleven a cabo en el mismo año, lo cual favorecería la participación de los ciudadanos.
Ernesto Castro, quien es el presidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido oficialista Nuevas Ideas, enfatizó que la autoridad reside en los ciudadanos y que la última palabra sobre la reelección debería ser decidida por los salvadoreños mediante su sufragio. No obstante, a pesar de que estas reformas han sido aceptadas, Bukele no ha indicado si intentará un tercer periodo. En una entrevista en junio de 2024, Bukele había señalado que no buscaría la reelección, basándose en la constitución y un pacto personal con su esposa.
Cambio en el sistema de votación y supresión de la segunda vuelta presidencial
Los legisladores también eliminaron la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ahora, la fórmula presidencial que obtenga el mayor número de votos válidos en la primera vuelta será la ganadora. Anteriormente, la Constitución requería que un candidato presidencial ganara con al menos el 50 % más uno de los votos válidos para obtener la presidencia en la primera vuelta.
Esta alteración fue apoyada por los legisladores de Nuevas Ideas, quienes argumentaron que la enmienda traería ahorros significativos para el Estado. Unas horas más tarde, durante otra sesión plenaria, los congresistas confirmaron el pacto de modificación constitucional, declarando que esta fecha señalaría un cambio trascendental para El Salvador.
Reacciones de la oposición ante la aprobación de la reforma
La oposición ha criticado duramente la reforma, argumentando que esta modificación podría empujar al país hacia un régimen autoritario. Marcela Villatoro, legisladora del partido conservador Arena, afirmó que con la aceptación de esta reforma “la democracia en El Salvador ha desaparecido”, acusando al gobierno de fomentar la instauración de una dictadura. Mientras tanto, Manuel Flores, líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), indicó que las reformas representaban un intento del gobierno por aferrarse al poder de manera indefinida, ante el miedo de perder las elecciones venideras.
Claudia Ortiz, perteneciente a Vamos, igualmente criticó las reformas, describiéndolas como un esfuerzo por mantener el poder en manos de un partido único en lugar de devolverlo a la ciudadanía. Según Ortiz, las reformas contravienen el artículo 88 de la Constitución, que señala que la rotación en el poder es fundamental para preservar el sistema político del país.
Rechazo de la sociedad civil ante la reforma de reelección indefinida
La entidad Acción Ciudadana se ha pronunciado igualmente en oposición a la reforma, argumentando que la posibilidad de reelección sin límite termina con la vía electoral como un mecanismo para la alternancia democrática. De acuerdo con Acción Ciudadana, esta acción podría traer efectos perjudiciales para la estabilidad democrática y el equilibrio de poder en el país.