Hace un mes, la opinión pública se estremeció por la muerte de Norma Lizbeth, una niña de 14 años que fue golpeada por uno de sus compañeros de clase. Un año antes, Juan, un joven otomí de Querétaro, también de 14 años, fue atacado por varios de sus compañeros, quienes le prendieron fuego mientras grababa con su celular el brutal ataque. En Guanajuato, un niño se disparó en la mano cuando traía un arma a la escuela. En 2013, un niño de 9 años se suicidó en Cancún a causa del bullying que sufría en la escuela, y ese mismo año fueron encontrados en Jalisco los restos de los adolescentes de 15 años Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba. La Fiscalía señaló que el móvil del crimen fue la venganza por haberse burlado de uno de sus compañeros, hijo de un narcotraficante. “Millones de niños, niñas y adolescentes sufren bullying en México”, dice Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe. La mayoría de los expertos en derechos del niño dicen que estos no son casos aislados, sino que estamos en la punta del iceberg.
Un problema de normalización de los ataques al interior de las aulas, reflejo de la ola general de violencia que vive México en todo el país y que se ha agudizado desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico, hace casi 20 años. “Los niños no nacen violentos, se vuelven violentos porque reproducen social y culturalmente su experiencia familiar y comunitaria”, dice Pérez. En ausencia de datos oficiales sobre el acoso escolar a nivel nacional, las organizaciones se basan en cálculos de otras fuentes de información.
Por ejemplo, uno de cada tres estudiantes en el mundo sufre bullying, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco). De acuerdo con la prueba PISA, que mide el conocimiento y el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes de la OCDE, el 23% de los estudiantes mexicanos reportaron vivir acoso. Un dato respaldado también por la Consulta de Niñez y Adolescencia realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que alrededor del 15% de los estudiantes reportaron ser víctimas de bullying y el 28% de discriminación en la escuela. Normalmente, la violencia física suele ir acompañada de otro tipo de discriminación basada en su color de piel, su poder adquisitivo y su orientación sexual. “En la literatura, en términos de psicología educativa, se señala que todos los niños y niñas agresores han sido víctimas de violencia intrafamiliar y escolar en algún momento”, comenta la especialista.
Pérez señala que a la violencia física se suman otras dos formas de acoso. Por un lado, el ciberacoso o ciberacoso y por otro, el acoso sexual, que enfrentan en su mayoría niñas y adolescentes. En 2021, el 21,7% de la población usuaria de Internet mayor de 12 años vivió una situación de ciberacoso, según datos del Inegi. En total, 17,7 millones de personas de las cuales 9,7 millones eran mujeres y 8 millones eran hombres.
A esta situación se sumó el regreso a clases tras la pandemia del covid-19. Después del encierro vino otra pandemia de salud mental. “En México y Brasil, por ejemplo, donde los niños no iban en persona durante un año y medio, los efectos en la salud mental eran enormes. Han aumentado la ansiedad, la depresión, los suicidios, la depresión y el consumo de sustancias”, señala la coordinadora de Tejiendo Redes Infancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el bullying puede causar todas estas condiciones de salud mental, fracaso escolar, depresión e incluso la muerte.
Ante tan urgente problema, los especialistas exigen a los gobiernos que construyan una estrategia nacional contra acoso y políticas públicas integrales. Por ejemplo, Pérez señala la gravedad de la desaparición del Sistema Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en la mira de la actual Administración del presidente López Obrador. El presidente ha propuesto la eliminación de la organización y que sea absorbida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). “Lamentablemente, no existe una política pública desde el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud para monitorear los problemas de salud mental entre los estudiantes”, agrega el experto.
Docentes y personal educativo se quejan de tener que enfrentar un problema tan complejo con recortes presupuestarios, falta de preparación y saturación en las aulas. “Desde el inicio de este gobierno en 2018 se ha recortado al menos el 30% del presupuesto y de los 43 programas que tenía la SEP solo quedan 17. Entre 2014 y 2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió 6.252 denuncias por acoso. Además, en el mismo período, la dependencia registró 16.649 llamadas a la línea de atención de acoso escolar, según datos publicados por el diario Expansión.
Juan Martín Pérez asegura que, hasta el momento, las autoridades han tratado la violencia escolar en México como un puñado de casos aislados o como “un problema de niños malos y familiares irresponsables” que se resuelve con mayores penas de cárcel. Sin embargo, asegura que la alternativa es involucrar a los propios niños, niñas y adolescentes en una cultura de paz para que ellos mismos sean mediadores de los conflictos que se dan al interior de sus escuelas. “Los niños y adolescentes siguen siendo invisibles y tenemos que escucharlos más. No solo para que hablen de su dolor y sus frustraciones, sino para que averigüen cuáles son sus sueños y expectativas”, zanja.
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