Cuatro funcionarios de la Defensoría Pública de México espiados con el software Pegasus
Funcionarios de la Defensoría Pública de México laboran en la comunidad de Soledad de Abajo (Aguascalientes), el 11 de diciembre de 2022.defensaifdp (RR SS)

Cuatro trabajadores de la Defensoría Pública de México, el organismo que otorga un defensor público a quien lo necesite, han sido espiados con la software Pegaso. Así lo han acreditado ante los titulares del órgano que depende del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de coordinar el Poder Judicial en el país. El análisis de los teléfonos, realizado por la plataforma Citizen Lab de la Universidad de Toronto, determina que seis dispositivos pertenecientes a cuatro personas fueron infiltrados con el malware entre mayo y noviembre de 2021. Los cuatro afectados trabajaban en la defensa de los imputados en el controvertido caso Wallace, el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005.

Salvador Leyva es el único de los cuatro afectados que ha querido hacer público su nombre. La persona que ocupaba el cargo de secretario técnico de Combate a la Tortura dentro de la institución federal renunció el 31 de enero porque consideró que “no existen las condiciones para seguir trabajando a favor de los sobrevivientes de tortura”. El exfuncionario ha asegurado, en su dimisión, que “la influencia de poderes ajenos a la institución ya ha comenzado a hacer efecto”.

Leyva tenía dos teléfonos que fueron probados por Citizen Lab y ambos dieron positivo. “Los investigadores analizaron forensemente los dispositivos”, dice el documento de la Universidad de Toronto fechado el 24 de enero, “y obtuvieron un resultado positivo, lo que indica que estos dispositivos fueron atacados e infectados con el software espía Pegasus del Grupo NSO”. Uno de los teléfonos, marcado como Iphone 1, fue infectado alrededor del 5 de julio de 2021. El segundo, Iphone 2, también fue atacado, pero la plataforma no pudo determinar en qué fecha. Las pruebas de las infecciones a los equipos fueron presentadas al juzgado para investigar el caso.

El ahora exfuncionario asegura en el documento presentado a la Defensoría del Pueblo que existe una relación temporal entre los ataques a los teléfonos y las acciones legales que realizaron como parte de la defensa de los imputados en el caso Wallace. Esto “permite inferir que María Isabel Miranda Torres, de manera ilegal, logró que un tercero interviniera nuestros teléfonos para obtener información”, dijo Leyva.

María Isabel Miranda Torres, también conocida como Isabel Miranda de Wallace, es una activista que se dio a conocer tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto en 2005. Es muy cercana a los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón. (2006-2012), la mujer se convirtió en una figura del activismo contra el secuestro en México en ese momento y fundó una asociación llamada Alto al secuestro. Pero su palabra quedó en entredicho cuando se reveló una serie de inconsistencias en el caso por el que seis personas están detenidas desde hace unos 15 años sin siquiera haber recibido sentencia y cuyo testigo fue tomado bajo tortura, asegura la defensa.

En julio de 2021, cuando ocurrían los ataques a los teléfonos, se anunció que la Fiscalía General de la República tenía dos investigaciones en contra de Miranda de Wallace por delitos de tortura y falsificación de pruebas. Leyva ha descrito en el documento presentado a las autoridades una cronología que detalla cómo, en aquellos días en que disputaban con las autoridades que se investigara a la mujer, sus teléfonos fueron infiltrados con Pegasus.

Entre las faltas de condiciones laborales que señala Leyva en su renuncia, explicó que una de las dificultades que tuvo fue precisamente como defensor de los acusados ​​de caso Wallace, que se enfrentan a Miranda de Wallace. El problema es que el cuñado de la mujer trabaja en el equipo de la ministra Norma Piña, recién electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. “No creo que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública”, dice Leyva.

Ante lo anterior, Leyva ha solicitado a la Corte que “condene enérgicamente las prácticas de hostigamiento, espionaje y criminalización contra los servidores públicos que pretenden garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y, por supuesto, condene el uso de cualquier software o acto que tenga por objeto comprometer la adecuada defensa”.

El análisis realizado en los teléfonos describe lo que Pegasus puede hacer una vez dentro del equipo. Él software da acceso a quien esté espiando a toda la información del teléfono, como imágenes, contraseñas, mensajes cifrados, incluidos los mensajes de WhatsApp. Él malware Puede activar la cámara y el micrófono y grabar la información que ingresa al dispositivo. El programa fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que ha asegurado que solo lo vende a gobiernos.

En México no solo se espiaron unos 15,000 objetivos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a través de la adquisición que hizo la Secretaría de la Defensa. En la actual Administración, de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército volvió a comprar en 2019 el programa para espiar al menos a un activista y dos periodistas, según certificó la investigación periodística de espionaje del Ejército en octubre pasado.

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