Un juez ha sobreseído el proceso contra Rosario Robles por el maestro estafador, el esquema de desvío masivo de fondos públicos de varias secretarías de Estado, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El juez ha considerado que los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Robles son de carácter administrativo y no penal. “Hoy se demuestra que tenía razón y que soy inocente, siempre di la cara. Viví la injusticia de primera mano”, dijo el exfuncionario a la salida de la audiencia.
En un comunicado difundido este viernes, la FGR ha criticado la decisión del juez. “Se está actuando contra la ley y contra las constancias de los autos, por lo que no solo se inicia la denuncia administrativa, sino también el procedimiento penal correspondiente”, ha escrito el organismo. Para la Fiscalía, la responsabilidad administrativa de Robles no anula la penal. “Independientemente de que la resolución sea apelada, no se puede permitir la violación de los principios jurídicos y de la más elemental justicia”, agregó.
El fiasco del caso Robles golpea de lleno a la FGR, que dirige Alejandro Gertz desde finales de 2018. Perseguir los actos de corrupción bajo el paraguas de La Estafa Maestra fue una de las grandes apuestas del fiscal, quien llegó al cargo de la mano de el presidente Andrés Manuel López Obrador. La absolución de Robles pone en un aprieto a la Fiscalía, que también batalla en los otros dos procesos paradigmáticos del sexenio, los casos Odebrecht y Ayotzinapa.
Las perspectivas no son demasiado buenas en ninguno. Gertz ha construido la investigación del caso Odebrecht en torno a la detención del director de Pemex con Peña Nieto, Emilio Lozoya. Capturado en España en febrero de 2020, Lozoya llegó a México en junio de ese año. Ofreció una declaración explosiva, incriminando a altos funcionarios del gobierno en el esquema de soborno de la constructora brasileña. Pero la falta de pruebas ha paralizado el caso.
Igual de complicada es la situación con la investigación del caso Ayotzinapa, el ataque contra un grupo de estudiantes de la escuela normal en Guerrero en 2014. Tras los éxitos de los primeros años, con el hallazgo de los huesos de dos normalistas en un lugar hasta entonces desconocido, y la colaboración de ex integrantes del grupo de atacantes, ha seguido un período de opacidad y discreción en la FGR. Gertz presionó al fiscal del caso para forzar su renuncia, haciendo y deshaciendo a su antojo, a pesar de las protestas de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
En cuanto al caso Robles, exsecretario de Desarrollo Agrario y ante Desarrollo Social, la defensa ha logrado su objetivo: señalar que no había pruebas de que el exfuncionario hubiera participado en los desvíos. La FGR acusó a Robles de permitir el desvío de más de 5.000 millones de pesos, 250 millones de dólares, de las arcas de las dependencias, en el momento que ella las dirigía. Para los investigadores, la mujer habría cometido un delito de ejercicio indebido del servicio público.
La defensa ha argumentado a lo largo de los años que la conducta de Robles, lejos de constituir un delito, fue objeto de una falta administrativa, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal. Después de batallar en los tribunales durante mucho tiempo, Robles, que estuvo tres años en prisión, se ha salido con la suya.
La cancelación del proceso por ejercicio indebido no cierra los problemas de Robles con la justicia. En paralelo a esta acusación, la FGR acusa al exfuncionario de delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos mucho más graves que el anterior. Los abogados de Robles se han defendido a lo largo de los años en base al amparo, un escudo judicial que ralentiza los procesos y permite ganar tiempo a las defensas. Ante el revés de hoy, queda por ver qué sucede con la otra acusación y cuándo termina el amparo que ampara a Robles de la detención.
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