La rendición de cuentas sigue siendo una asignatura pendiente para los sindicatos mexicanos. Si bien la reforma laboral establece que estas organizaciones deben informar a sus afiliados sobre el origen y destino de sus recursos, solo 249 de unos 6.000 sindicatos activos han cumplido con este requisito, según cifras del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El director de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Alfonso Domínguez Marrufo, señala que es un derecho que los propios afiliados deben exigir a su organización, un desafío de futuro, para la propia organización laboral. “Los sindicatos nacionales han tenido que rendir cuentas. Muchos no lo hacen porque los trabajadores no han exigido ese derecho”, dijo el miércoles el directivo.
El director del Centro Federal de Conciliación Laboral aseveró que solo aquellos sindicatos con grandes estructuras, que cuentan con todo un equipo de contadores como el IMSS, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han cumplido con este requisito. Domínguez Marrufo reconoció que en una próxima etapa de la reforma laboral se evaluará un cambio legal que permita sancionar a los sindicatos que no rindan cuentas. “Tampoco tenemos todavía demasiados instrumentos en la ley para poder hacer cumplir esta obligación, salvo la multa, pero los juzgados laborales ya deberían estar en el caso de que un trabajador alegue que no hay rendición de cuentas, y obligar al sindicato, incluso imponer medidas concretas de urgencia”, admitió el director.
“En muchos estados se registraron sindicatos de comerciantes, tianguis, boleros, taxistas y, entonces, todavía hay un hampa que son los sindicatos, pero son asociaciones de trabajadores que no tienen convenio colectivo”, reconoció. En México, actualmente, la tasa de sindicalización es del 17% de todos los trabajadores asalariados.
A tres años de iniciada la implementación de la reforma laboral en México, Domínguez Marrufo informó que a la fecha se han legitimado en el país 23,316 contratos colectivos de trabajo y aún hay 10,140 documentos en proceso de validación. Así, el organismo laboral espera cerrar el proceso de legitimación de contratos colectivos con unos 33.000 expedientes de un total de 140.000 contratos colectivos que se encontraban registrados en las juntas laborales, antes de la reforma. Una depuración de contratos que solo refrendan los convenios que sí protegen a sus integrantes y eliminen aquellos documentos que solo protegen los intereses de las empresas.
A la fecha, el Centro Federal de Conciliación –que reemplazó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje– informa que tienen un nivel de conciliación del 69%. Un hito en materia laboral, porque esto implica que las disputas entre empleador y trabajador se resuelvan en menos de 45 días y no tengan que pasar por un tribunal, contrario a aquellas demandas que podrían representar un gasto de tiempo y recursos para la parte afectada por años. .
“La reforma laboral no tiene como objetivo acabar con los sindicatos o los viejos sindicatos, es más bien acabar con las prácticas de simulación de los sindicatos. Hay que renovar o morir, o (los sindicatos) cambiar la relación con sus trabajadores, o esas organizaciones están destinadas a desaparecer porque se van a quedar sin contratos colectivos de trabajo”, concluyó. Desde que se inició la implementación de la reforma laboral a la fecha, este cambio de legislación y las nuevas obligaciones de verificación y consulta han significado una inversión de 23,000 millones de pesos.
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