El 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y de Familia, cuyo objetivo es una mayor eficiencia en el cumplimiento de los derechos humanos a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza del derecho contenido. en el arte. en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Requiere la aplicación y desarrollo de procedimientos judiciales predominantemente orales para acelerar la resolución de los conflictos que puedan vivir los imputados y, sobre todo, que se materialice la sentencia que resuelva la reparación de los derechos vulnerados, con el fin de mejorar el Estado de derecho. en el país. Aldea .
Hasta la expedición de estas nuevas normas, cada estado del país contaba con su propio código procesal, además del código federal de procedimiento civil, lo que implicaba la existencia de diferentes normas, reglas, plazos, plazos y criterios, a pesar de ser el mismo procedimiento. . , razón por la cual se decidió estandarizar el proceso en materia civil y familiar.
El artículo primero del código en cuestión especificaba que sus disposiciones se refieren al orden público, al interés social y al respeto general en todo el territorio nacional.
También se confiere a la autoridad judicial la facultad de intervenir más activamente en los procesos civiles y de familia, ya que, respetando el principio de inmediatez, habrá contacto directo, personal e indelegable de los jueces con las partes y las pruebas, sustentado por un sistema de justicia oral que también garantice agilidad y equidad en la resolución de conflictos.
Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el artículo 295 del Código Nacional de Procedimiento Civil y de Familia, que establece:
“La autoridad jurisdiccional tiene la facultad de formular a los testigos las preguntas que estime oportunas, siempre que tengan carácter aclaratorio, sin incorporar información adicional que generen las partes involucradas y garantizando, ante todo, el principio de igualdad e inmediatez, salvo cuando se trate de asuntos de familia, en cuyo caso la autoridad judicial tendrá la facultad de interrogar al testigo sin limitación alguna, para conocer la verdad material o cuando establezca violaciones a los derechos humanos.
Las declaraciones de los testigos tienen una relevancia trascendental en algunos juicios, ya que hay situaciones en las que la prueba testimonial es ideal para acreditar ciertos hechos, como cuando se necesita saber quién es la persona que ocupa un inmueble, cuánto tiempo ha tenido posesión del mismo , si el hecho es pacífico, continuo y público, o, en los casos en que el contrato se pactó verbalmente y ante testigos, si, entre otras circunstancias, se entregó una suma de dinero.
Por ello, la citada disposición legislativa resulta de gran importancia, pues por ley expresa los jueces en todo el territorio nacional ya tienen la facultad de cuestionar los testimonios rendidos por las partes sobre los hechos controvertidos, con el fin de dejarlos absolutamente claros.
Además, los jueces podrán verificar la veracidad con que se comportan los testigos observando el comportamiento, los gestos, la fluidez, la confianza y la congruencia con que prestan su testimonio, lo que les permitirá emitir una sentencia judicial definitiva que respete las expectativas de los testigos. el acusado. .