Doce días después de que el Gobierno de López Obrador ordenara la expropiación de 120 kilómetros de vía férrea en Veracruz y de que las Fuerzas Armadas ocuparan el tramo concesionado por la empresa Ferrosur, de Grupo México, la Administración federal y el dueño de la empresa, Germán Larrea, han llegado a un acuerdo para evitar que la demanda vaya más lejos. Fuentes próximas a la negociación han confirmado a EL PAÍS que tras una semana de reuniones entre ambas partes, el Ejecutivo ha acordado otorgar unos beneficios sobre las concesiones de la firma ferroviaria y evitar así una posible demanda de la firma, que tenía el permiso de gestión sobre este tramo desde 1998. El acuerdo, sin embargo, no contempla la propuesta inicial de Larrea que pedía una compensación de unos 9.500 millones de pesos, unos 537 millones de dólares. Fuentes de la compañía se negaron a comentar sobre este acuerdo.
La tregua entre los llamados rey de cobre y López Obrador, según medios locales, ha llegado luego de que el presidente acordara ampliar las concesiones otorgadas a Grupo México y que están a punto de vencer. Se espera que en las próximas horas se den a conocer los detalles de cómo convivirá el paso de los vagones de Ferrosur con la empresa ferroviaria estatal comandada por las Fuerzas Armadas.
Con la decisión de expropiación en este tramo del sureste de México, el Gobierno busca acelerar las obras del Corredor en el istmo de Tehuantepec. Esta obra es uno de los proyectos emblemáticos que López Obrador quiere entregar antes de terminar su mandato. En el decreto de expropiación, publicado el 19 de mayo, el Gobierno argumenta que es necesario que los tramos ferroviarios que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de El Chapo a Coatzacoalcos y de Hibueras a Minatitlán queden a cargo de la empresa militar Ferrocarril de la Istmo de Tehuantepec, ya que son aptos para una operación ferroviaria directa y dinámica para el movimiento de trenes. “La Secretaría de Marina integró el expediente de ocupación temporal, que contiene la opinión técnica que justifica las causas de utilidad pública y seguridad nacional y que, por tanto, procede la ocupación temporal inmediata de los bienes y derechos objeto de la concesión. otorgado a Ferrosur”, menciona el documento.
La decisión de revocar los permisos de concesión fue tomada por Grupo México como una «sorpresa» y tras la ocupación por parte de la Secretaría de Marina declaró que evaluaría las acciones a tomar. La empresa que dirige Larrea reprochó la ocupación en la mesa de negociaciones con el Ejecutivo e incluso aseguró que fue el Gobierno el que descartó previamente un proyecto de construcción de una línea férrea paralela que había sido pactado a principios de 2022. Fiel a su réplica Al estilo, el presidente López Obrador respondió horas después que no pagaría una indemnización millonaria como la exigida por la firma, de más de 5.000 millones de dólares, que como mucho buscarían un esquema tarifario recíproco entre el Ejército y la empresa.
Este miércoles ha llegado ese acuerdo. Casi dos semanas después de que los agentes irrumpieran en el tramo de vía en disputa, Larrea, el llamado rey de cobre y el segundo hombre más rico del país- ha dejado en los tribunales la amenaza de la paz y ha preferido un acuerdo con el presidente. Con este acuerdo en su haber, el mandatario tendrá luz verde para agilizar las obras de construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
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