Las autoridades hondureñas comenzaron a identificar a las víctimas de la masacre ocurrida el martes en una cárcel cerca de Tegucigalpa, la capital. La cifra más reciente apunta a 46 internos asesinados, varios de ellos quemados, luego de que se iniciara un ataque de miembros de la Pandilla 18 contra internos de la Mara Salvatrucha, las dos organizaciones criminales que siembran el terror en el país centroamericano. Las primeras investigaciones señalan que un grupo de mujeres de la Pandilla 18 amenazó con armas de alto calibre, redujo a los guardias del penal, atacó las celdas donde se encuentran sus rivales y luego les prendió fuego.
“Estaban matando selectivamente. Lo que ha pasado es como una película de terror y hay que recalcar que nunca debió pasar esta tragedia”, dijo Elvia Valle, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev). La presidenta Xiomara Castro ha anunciado “medidas drásticas” y ha destituido a su ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
Las autoridades de la Dirección de Medicina Legal informaron este miércoles que han logrado identificar 23 cuerpos, los cuales ya fueron entregados a sus familiares. Decenas de personas esperaban ansiosas en la sede de esta institución noticias de lo sucedido a los demás internos y una explicación oficial de por qué los internos tenían armas de alto calibre en el penal. Honduras enfrenta una crisis de violencia en las cárceles, que ha desbordado a las autoridades.
A principios de año, el presidente Castro nombró a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, como interventora penitenciaria, para diseñar una estrategia que permitiera controlar estos centros, donde están recluidas al menos 20.000 personas. Villanueva anunció entonces medidas que incluían el bloqueo de señales de telefonía móvil y el desarmado de los reclusos. La corrupción al interior de las cárceles, sin embargo, es tan alta que las propias autoridades han reconocido que los líderes de los grupos criminales ordenan secuestros y extorsiones desde sus celdas y controlan el negocio de venta de drogas. “Las autoridades deben tomar las medidas necesarias para presentar a los responsables de esta masacre. lo que pasó ayer [por el martes] Corresponde a las autoridades investigar a fondo lo sucedido, porque debemos saber que si hay armas dentro de los penales es porque hay autoridades permisivas”, advirtió Valle.
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Esta es la peor crisis que enfrenta la presidenta Castro desde que llegó al poder en enero de 2022. La mandataria había prometido enfrentar la violencia que desangra al país centroamericano y desde noviembre diseña una estrategia similar a la impuesta por su homólogo Nayib Bukele, de El Salvador. Castro anunció en noviembre una polémica política que incluye estados de excepción parciales para combatir el crimen en las zonas más inseguras de las ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, considerada una de las más violentas del mundo. Las medidas se han implementado en 120 comunidades, donde también se han suspendido las garantías constitucionales y se ha movilizado a los militares para establecer el orden. “Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y al presidente de la Comisión de Intervención. ¡Tomaré medidas drásticas!” anunció el presidente el martes. La primera medida fue destituir al Ministro de Seguridad.
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, los familiares de las víctimas exigen a las autoridades que brinden información veraz sobre la masacre del martes. “No sé si a mi hija la mataron a tiros oa puñaladas”, dijo Olga Castro, quien perdió a Jenny Patricia Castro, de 44 años, en declaraciones recogidas por France Presse. “Dicen que los escucharon gritar que abrieran las rejas porque en el módulo 1, donde estaba ella, cerraron con llave la parte de afuera cuando se estaban quemando”, explicó. Entre lágrimas, la mujer denunció que “nadie se presentó a abrirles las puertas”. Ella ruega a las autoridades que se haga justicia tras la masacre. “Estas niñas no fueron asesinadas por animales”, afirmó.
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