La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha concluido que los militares que mataron a cinco niños en Nuevo Laredo a fines de febrero y dejaron a otro gravemente herido, hicieron “un uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego”. La Defensoría del Pueblo, en manos de Rosario Piedra Ibarra, ha evitado indagar sobre la posible responsabilidad de los mandos militares de los que dependían los militares imputados. En su informe, difundido la noche de este martes, el organismo ni siquiera considera el papel de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la propia estrategia de seguridad del Estado en lo ocurrido.
La comisión ha sido rápida. En menos de un mes, sus investigadores han elaborado un documento que recoge buena parte de la información hecha pública estas semanas, así como nuevos datos, hasta ahora desconocidos. Es el caso de las declaraciones de los cuatro militares acusados de perpetrar la masacre, rendidas ante funcionarios del Ministerio Público Federal, poco tiempo después de lo ocurrido. Según sus relatos, uno de ellos comenzó a disparar y los demás lo siguieron, sin ninguna agresión por parte de los jóvenes, que regresaban de pasar la noche en una discoteca. Los militares dispararon un total de 117 veces.
“Las acciones realizadas por los elementos de la Sedena”, dice el informe, “no cumplieron con lo dispuesto en el Manual sobre el Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, ni con lo establecido en los estándares internacionales. La Secretaría está obligada, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable, a examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos”, agrega.
La última frase incluye lo más parecido a una crítica que hace la CNDH al organismo. En el resto de las 54 páginas del informe, la Defensoría del Pueblo carga contra los cuatro militares acusados, cuatro cabos de caballería que dispararon sin que el capitán al mando del convoy, integrado por un total de cuatro camiones, diera la orden. El estado de los militares es desconocido en este momento. Este diario informó este lunes que se encuentran recluidos en el penal militar de la Ciudad de México. La CNDH señala que la FGR ha solicitado que se presente una “acusación” contra los cuatro, aunque no aclara por qué delito.
“AR1, AR2, AR3 y AR4”, dice el informe, en referencia a los militares señalados, “no sólo dejó en indefensión a las víctimas y sus familiares, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, pues con su conducta vulneró el derecho a la justicia”. certeza, a la integridad y seguridad personal, y a la vida”, agrega. “Esta Comisión Nacional considera que esta recomendación constituye una oportunidad para que la Sedena realice acciones y se sume a una cultura de paz, legalidad y respeto a los derechos humanos”, agregó. concluye.
Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organismo que ha seguido el caso desde el inicio, ha criticado la labor de la CNDH. “Es muy malo”, dijo Ramos. “Es un informe que no cuestiona la cadena de mando y que, además, omite el trato cruel y degradante que sufrieron Luis Gerardo y Alejandro”, señala refiriéndose a los dos sobrevivientes. En sus declaraciones, que ha publicado EL PAÍS estas semanas, los dos afirman que los militares dispararon contra Luis Gerardo, tras la primera ráfaga, cuando pedía auxilio, malherido, en el suelo.
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