La presión al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la construcción del Tren Maya es cada vez mayor y esta vez proviene de sus socios comerciales en el exterior. La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), integrada por especialistas de México, Estados Unidos y Canadá en el marco del acuerdo comercial entre ambos países, el TMEC, pidió abrir un «expediente de hecho» sobre el proyecto en la península de Yucatán. El informe, que sería elaborado por la propia CCA, serviría para informar a la población sobre los riesgos e implicaciones ambientales, ante un vacío de información por parte de las autoridades.
En un comunicado publicado este martes, la CCA informó que notificó al gobierno de López Obrador su recomendación de emitir dicho expediente, ya que la información brindada por las autoridades mexicanas no aclara dudas sobre el cumplimiento de la ley. La decisión está ahora en manos del Consejo de la CCA y sólo requiere el voto a favor de dos miembros. “El informe deberá incluir los estudios de impacto ambiental que se requieran, así como la autorización de cambio de uso de suelo y la implementación del mecanismo de denuncia ciudadana en relación al proyecto”, explica la Comisión en su comunicado.
La recomendación se produce después de que varios grupos ambientalistas, incluidos Moce Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center y Sélvame del Tren, presentaran una queja ante el mecanismo TMEC, con sede en Montreal, Canadá. Los activistas acusan que la construcción del proyecto tendrá un efecto ambiental adverso, ya que se desarrolla en una zona kárstica caracterizada por la presencia de gran cantidad de fracturas, fallas y cenotes, depresiones cerradas, rápida infiltración de agua, abundancia de cuevas y cavernas. y la ausencia de corrientes superficiales.
“Los peticionarios afirman que el Tramo 5 Sur del Tren Maya dañará el ecosistema de la región, en particular el sistema submarino Sac Actun-Dos Ojos, y se refieren a la falta de aplicación efectiva de la Constitución Mexicana y diversas leyes federales en materia de Manifestación. de Impacto Ambiental (MIA), cambio de uso de suelo forestal, protección de la vida silvestre y protección de la calidad del agua”, dice el informe de 28 páginas.
El Secretariado de la CCA aseguró que México envió la información solicitada, argumentando que los procedimientos judiciales o administrativos pendientes, incluidas varias medidas cautelares, han puesto en peligro la construcción del tramo. El gobierno también proporcionó información sobre el impacto ambiental y el proceso de autorización de uso de suelo forestal para el proyecto.
Sin embargo, “la CCA concluyó que los procedimientos pendientes no impedían considerar si se ameritaba un expediente de hechos y determinó que un expediente de hechos podría arrojar luz sobre cuestiones centrales que permanecen abiertas con respecto a la aplicación de las leyes pertinentes citadas en la petición. . El Secretariado de la CCA finalmente determinó que se amerita la preparación de un expediente de hechos”.
En abril del año pasado, también a pedido de grupos conservacionistas, la Comisión recomendó investigar el desplome de la población de la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del planeta, en el Golfo de Baja California.
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