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La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido en un dolor de cabeza para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A la fuerte oposición de la izquierda se suman las críticas de los obispos que creen que la ley representa un «peligro mortal», ya que podría dividir el país en un norte próspero y un sur marginado. Aprobada en junio, esta ley permite que sólo las regiones que lo soliciten al Estado tengan autonomía en la gestión de hasta 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
Meloni aceptó la ley, impulsada por La Liga, para fortalecer su poder, aunque no era su preferencia. Esto complicó su explicación a los votantes de distintas autonomías. Además, su socio de gobierno Antonio Tajani, líder de Forza Italia, mantuvo su posición de que la reforma debe incluir condiciones.
Forza Italia logró incluir la aprobación de los niveles básicos de prestaciones (LEP), que garantizan estándares mínimos de servicios públicos en todo el país. El partido sostiene que la LEP no debería asociarse con una autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir grandes disparidades regionales. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur se opone a esta autonomía.
En respuesta, el centroizquierda está promoviendo un referéndum para derogar la ley, para lo que se necesitarían 500.000 firmas. La situación se complica por la negativa de la Iglesia, que expresó su preocupación por la creación de «dos Italias». Mons. Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió del peligro de un «salvaje oeste» entre las regiones más pobres si se aplica esta reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también destacó la importancia de mantener la solidaridad entre las regiones, subrayando que la unidad de la República debe prevalecer sobre las divisiones.
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