El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional el decreto que catalogó las grandes obras del Gobierno como parte de la seguridad nacional por vulnerar el derecho de acceso a la información. Con ocho votos a favor y tres en contra -de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- el alto tribunal invalida el acuerdo aprobado por el Ejecutivo que blindaba la información sobre proyectos claves para la Administración de Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería Dos Bocas. Con esta decisión, la SCJN le da la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que impugnó el decreto y con quien el mandatario está en guerra abierta desde hace meses.
La votación de este jueves representa un nuevo ataque al Gobierno de López Obrador. El máximo tribunal del país ha anulado el acuerdo aprobado en noviembre de 2021 que declaraba de interés público y seguridad nacional las infraestructuras prioritarias a cargo del Ejecutivo, ya sean turísticas, medioambientales, fronterizas, ferroviarias, energéticas o aeroportuarias. El proyecto en la SCJN, a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumentó que este acuerdo era inconstitucional, ya que “su amplitud y ambigüedad dificultan e inhiben el acceso a la información de todos los ciudadanos sobre las obras del Gobierno de México”.
Ocho de los 11 miembros del pleno han coincidido con González Alcántara. El ministro Jorge Pardo Rebolledo votó a favor porque consideró que el decreto no determina cuánto tiempo durará esta protección para las obras del presidente o ministro Alberto Pérez Dayán porque el acuerdo afecta las facultades del INAI.
Por su parte, los ministros Zaldívar, Esquivel y Ortiz han querido defender que el decreto no vulnera la función del instituto y que no significa que se reserva toda la información de los grandes proyectos. “Esta Corte Suprema no puede invalidar un acto basándose en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, incompetencia o malicia de las autoridades. ¡Así no se ejerce el control constitucional, así no se interpreta la Constitución!”. enfatizó Zaldívar.
Esta defensa ha dado lugar a una discusión con el ministro Javier Laynez, quien incluso calificó de ingenua la posición de sus pares: “No quiero hacer ninguna acusación, pero es un tanto ingenuo ignorar que las consecuencias jurídicas inmediatas de esta declaración son doble: la reserva de información y la autorización para la adjudicación directa”.
Esta decisión abre un nuevo frente para el Gobierno de López Obrador con el Poder Judicial. En una situación que ha escalado de manera explosiva desde enero, el presidente asegura que ya dio instrucciones de no contestar el teléfono que viene de la Corte Suprema. Mientras tanto, continúa su ofensiva contra jueces, magistrados y también ministros. Hasta 2022 y durante cuatro años, Zaldívar medió en los roces entre el presidente y el poder judicial, sin embargo, la designación de la ministra Norma Piña ha descarrilado la situación, con ataques directos a ella y al resto de ministros desde el podio de la mañana.
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