La Suprema Corte de Justicia de México se prepara para propinar un nuevo revés judicial al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cuestión de días, el pleno votará un proyecto del ministro Javier Laynez que propone dejar sin efecto la segunda parte del “plan B” electoral del Gobierno, un paquete de reformas con el que el oficialismo pretendía recortar recursos y facultades de el INE, el organismo autónomo que organiza las elecciones en México. La Corte Suprema ya había invalidado una primera parte del “plan B” el 8 de mayo, argumentando que el Congreso —en el que Morena y sus aliados tienen mayoría— había cometido graves violaciones al procedimiento legislativo al aprobar las reformas. El ministro Laynez señala en su proyecto que las mismas irregularidades se cometieron en la aprobación de la segunda parte del plan. Es previsible que, por congruencia, los mismos nueve ministros que validaron estos argumentos en la sesión de mayo aprueben la propuesta de Laynez, en una sesión que puede tener lugar este jueves oa más tardar la próxima semana.
La anulación del “Plan B” representa un duro golpe para el gobierno de López Obrador, ya que este paquete de reformas electorales fue una de sus apuestas más importantes contra los simpatizantes de Morena. Mientras el oficialismo defendía las reformas como un paso hacia la austeridad en el aparato electoral, los partidos de oposición y grupos activistas advirtieron que se trataba de una medida de control para manipular las elecciones. Este martes, al conocer el proyecto del ministro Laynez, López Obrador reiteró sus críticas al Poder Judicial, con el que ha mantenido un pulso prolongado, y ha insistido en su propuesta de que los jueces sean elegidos por voto directo de la ciudadanía. “Los ministros están alineados, la mayoría, con el bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un Poder al servicio de una minoría, no está al servicio del pueblo, no se imparte justicia teniendo al pueblo como actor principal, es un Poder al servicio de una élite política y económica, por eso se necesita una reforma del Poder Judicial, que lo que hay que hacer es que el pueblo elija jueces, magistrados, ministros, como se hizo en la época del presidente Benito Juárez”, dijo López Obrador en su conferencia diaria.
El presidente ha afirmado que para él es un hecho que el proyecto de Laynez será aprobado por la mayoría de los ministros. “No me sorprende. Eso no es una nota”, ha resumido. El proyecto analiza las reformas a cuatro normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La Corte Suprema ya invalidó en mayo las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. “El proyecto [de Laynez] considera que todas las violaciones acreditadas al analizar la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la sencilla razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo”, informó este lunes la Corte Suprema.
La Corte ha valorado que en ambos casos el Congreso dio trámite urgente a las reformas sin justificación alguna, ya que las propuestas fueron presentadas al pleno a la hora de inicio de la sesión —después de las once de la noche— y fueron aprobadas en un plazo récord de cuatro horas. ; Las iniciativas de reforma tampoco fueron distribuidas entre los legisladores con la anticipación requerida, y éstas, además, no fueron dictaminadas en comisiones, por lo que los legisladores aprobaron modificaciones a más de 500 disposiciones sin deliberación entre las fuerzas políticas y sin conocer realmente el contenido. de lo que aprobaron. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ambas impulsadas por López Obrador, han argumentado que las violaciones al debido proceso legislativo no deben ser motivo suficiente para que la Corte Suprema invalide reformas.
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