Desde el 20 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con los videos de la última masacre militar en Nuevo Laredo, ocurrida en la ciudad fronteriza dos días antes. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad de un supermercado S-Mart, se ve cómo un grupo de militares asesina aparentemente a cinco hombres, tras una persecución. La agencia no incorporó al expediente el contenido del vídeo hasta el 6 de junio, cuando EL PAÍS hizo públicas las imágenes.
La Fiscalía había obtenido el vídeo vía USB gracias a la colaboración del gerente del supermercado, según consta en el expediente, al que ha tenido acceso este diario. El 20 de mayo, la agencia envió una carta a la tienda para reclamar el material. Ese mismo día, el gerente envió su respuesta a la Fiscalía y entregó el USB con el video a un agente de la corporación, quien acudió a la tienda. Fiscales, peritos y policías movieron la USB durante semanas, incluso hicieron copias, pero no dedicaron ni un minuto a su contenido. Y, si lo hicieron, no consta en el expediente.
La investigación, que ya supera los cuatro tomos, incorpora oficios, cartas e informes sobre el vídeo, algunos verdaderamente impactantes, por su carácter superfluo. Es el caso del informe del 1 de junio, 13 días después de los hechos, en el que un agente de la Policía Federal Ministerial, brazo ejecutor de la FGR, envió un par de hojas de papel a sus superiores, con el resultado de la inspección. del USB que contiene el video. El policía manda fotos de la USB afuera y firma.
Los tomos también incorporan la preocupación de la FGR por la divulgación del video el 6 de junio. Al día siguiente, el mismo policía que escaneó externamente la memoria USB llegó al S-Mart para entrevistar al gerente, preguntándole si le había dado copias. de los videos a nadie más. El gerente dice que no, pero revela hechos preocupantes. El hombre cuenta que el mismo día que entregó la USB con el video a un agente de la Policía Federal Ministerial, es decir, el 20 de mayo, los militares llegaron a la tienda y solicitaron acceso a las grabaciones de las cámaras.
“Vinieron dos varones, vinieron vestidos de soldados y me pidieron que entrara a la sala donde está el equipo de grabación y monitoreo”, cuenta el gerente. “Estas personas entraron y se encerraron alrededor de 20 minutos, y cuando salieron simplemente se fueron. Es importante mencionar que no sé qué hicieron estas personas durante el tiempo que estuvieron en la sala”, agrega.
Ante la declaración del directivo, el agente volvió el 7 de junio, ya por la tarde, para intentar sacar más detalles. El policía le preguntó si los militares habían dejado su nombre. El gerente responde que no les preguntó, “ya que venían uniformados”. El agente continúa y cuestiona si tiene los videos en los que los “presuntos soldados” llegaron a la tienda y se encerraron en la habitación donde está el equipo de grabación. El gerente dice que el disco duro se está borrando constantemente y que esos videos, por el tiempo que ha pasado, ya no existen. Finalmente, el agente pregunta si la tienda tiene algún tipo de libro de registro. El gerente dice que no.
Aunque parezca increíble, el agente no le pregunta al gerente si notó algo extraño en los equipos de grabación y monitoreo luego de la visita militar; si notó algún cambio en el disco duro, borró o copió archivos, cosas así. La entrevista termina y el agente se va. No consta en el expediente que la investigación sobre la visita militar al S-Mart fuera más que un interrogatorio al gerente. Si algún militar modificó o intentó modificar el equipo de grabación de la tienda, la FGR no ha investigado más.
El silencio de la Fiscalía en este caso es ensordecedor. A mes y medio de lo ocurrido, la agencia no ha informado sobre los hechos ni sobre el estado de los militares implicados. Solo la Secretaría de la Defensa (Sedena) lo ha hecho. El 10 de junio, cuatro días después de la publicación del video, el Ejército anunció la detención de 16 militares, todos acusados de un delito de desobediencia, tipificado en el Código de Justicia Militar. Pero la FGR, que investiga delitos de derecho común, como el homicidio, aún no ha dicho una palabra.
El caso S-Mart impactó a la opinión pública mexicana. En los últimos 15 años, en plena guerra contra las drogas, ha habido constantes denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Pero la aparición de vídeos así, tan claros, es rara. Antes de su publicación, el caso apenas había sido reportado en la prensa local, debido a la cantidad de disparos de militares y civiles, que mantuvo en vilo al sur de la ciudad durante varias horas. Pero fue el video lo que cambió las cosas. Tras su publicación, la FGR tardó un día en tener un informe de lo que mostraban las imágenes y la Fiscalía militar abrió su propia investigación sobre el caso.
Sin presión mediática sobre los investigadores, la delegación de la FGR en Nuevo Laredo inició una investigación sobre lo ocurrido el 18 de mayo, con base en el informe del teniente encargado de las Fuerzas Armadas, José Luis N. El relato del teniente señalaba la persecución de una camioneta civil. que había huido, en una avenida al sur de la ciudad, Prolongación Monterrey. La fuga finalizó cuando la camioneta chocó contra la pared trasera del S-Mart, momento que ya están captando las cámaras.
En el informe, el teniente narra que sacaron del auto a cinco civiles, los desarmaron, encontraron fusiles y armas en el interior del vehículo, también unas dosis de marihuana y varios kilos de metanfetamina. Pusieron a los civiles de rodillas, junto a la pared, mientras revisaban el camión siniestrado. El teniente dice que de repente empezaron a dispararles desde el lado norte. Según él, formaban parte del mismo grupo, que intentaba acercarse a donde estaban ellos para rescatar a sus compañeros. Los soldados estaban divididos en dos grupos, por un lado, los siete que estaban junto al muro, estando los civiles desarmados y sometidos. Por otro, los diez que se encontraban unos 200 metros más al norte, en la Prolongación Monterrey, inmersos en un tiroteo con el grupo de civiles que llegó en un operativo de rescate.
En medio del tiroteo, algunos de los militares que estaban junto al muro dispararon contra los civiles. El teniente José Luis N no dice nada al respecto en su informe. Lo hace, en cambio, un sargento que allí mismo estaba, cuyo testimonio desveló EL PAÍS este miércoles. El sargento BJ señala que, visto el vídeo, reconoce a un cabo ya otro sargento como los que disparan a los civiles. El sargento también le dice al teniente José Luis N, al mando de los militares en el terreno ese día, que coloque las armas sobre los civiles ya muertos. Las declaraciones de este y otros cinco militares ya forman parte de la investigación abierta por el Ministerio Público Militar, y ya figuran en el expediente de la FGR.
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