En México, los pobres son lo primero, especialmente cuando sienten los efectos negativos de la inflación en su poder adquisitivo. El país terminó con una tasa de inflación de 7,82%, porcentaje muy superior para los hogares de menores ingresos debido a sus patrones de consumo y al aumento proporcional del gasto que registran las familias con respecto a sus niveles de ingresos.
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las personas más pobres destinan una mayor fracción de sus ingresos a la compra de alimentos, que ha registrado un aumento de más del 14% al cierre de 2022. Así, la inflación Para los hogares del primer decil (con un ingreso promedio de 3.313 pesos mensuales, según cálculos del Inegi), experimentaron una inflación de 9,7%, superior a la tasa general, y, en cambio, los hogares con ingresos superiores a 54.000 pesos experimentan menor inflación.
Los esfuerzos para mejorar el poder adquisitivo no son suficientes. El aumento del 20% del salario mínimo, que el gobierno mexicano ha presumido como una “recuperación del 90% del poder adquisitivo” de los trabajadores con este ingreso, en realidad es menor. David Lozano, académico de la Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, señala en entrevista que la recuperación real del salario mínimo no es del 90%, sino del 42%. “Para que la recuperación sea del 90%, no tendría que haber cambios en los precios, tendrían que haberse mantenido estáticos”, comenta.
Adicionalmente, solo 6.4 millones de trabajadores formales reciben un salario mínimo de una base de población económicamente activa de más de 57 millones de mexicanos que perciben un ingreso. Más del 80% de los empleados en el país Se encuentran entre el tercer y sexto decil, con ingresos que van desde los 7.425 hasta los 13.369 pesos mensuales y que además han experimentado una inflación superior a la estimada por el Inegi para todo el país.
Flor Reyes, una empleada doméstica de 52 años, nota claramente cómo gasta más en comida. “Hay que estirar el costo para comer, no hay otra opción”, comenta en consulta. A pesar de que hay alimentos que han registrado aumentos menores, o incluso han tenido una baja en el precio, el consumo realmente no cambia, según el economista de la UNAM. “Se cree que por tener más dinero podrían comprar mucho más, pero la tendencia no es comprar más, sino ajustar el gasto”, señala.
Para los trabajadores de la llamada clase media y los sujetos a aumentos salariales contractuales, el aumento del poder adquisitivo ha sido marginal. De acuerdo con cifras del Banco de México, el incremento para este sector de la población ha sido de 8.4% hasta noviembre de 2022. “A diferencia del salario mínimo, solo han registrado una mejora de 4%, porque los salarios contractuales han subido directamente en dinero entre El 4 y el 5%, el resto se han subido a prestaciones”, dice Lozano.
La brecha entre ricos y pobres es cada vez más evidente. Hasta antes de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en el país, eran los hogares con mayores ingresos los que registraban mayor inflación, sobre todo por el costo de insumos como la electricidad o el gasto en artículos electrónicos, pero esta tendencia se revirtió en 2021 y se profundizó a fines de 2022. “El 10% de los hogares con mayores ingresos destinan más recursos a servicios como educación y mantenimiento de vehículos, que han registrado menores tasas de inflación”, dice el IMCO.
recuperación a ritmo lento
La desaceleración de los niveles inflacionarios, la fortaleza del tipo de cambio con el dólar y la estabilidad geopolítica a nivel internacional son factores positivos para mejorar los niveles de compra de los mexicanos. “Si mejoran los ingresos petroleros, se mejoran los programas sociales, los subsidios a los combustibles o las mejoras en la compra de alimentos para mantener los precios bajos”, dice Lozano.
Sin embargo, las subvenciones que ha dedicado el Gobierno para contener los precios ya le están pasando factura al Gobierno. “Si bien medidas como los subsidios a la gasolina han sido más efectivos para contener la escalada de los precios de la energía, implican un alto costo para las finanzas públicas, por lo que son muy difíciles de implementar indefinidamente sin que supongan un riesgo para la Hacienda Pública. público”, especifica el IMCO.
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