El 2 de junio, siete indígenas tzotziles fueron masacrados por un grupo de hombres armados en Polhó, una pequeña comunidad rural perteneciente al municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas. Fue el último episodio de una situación extrema en el Estado, cuyos niveles de violencia crecen desde hace años y amenazan con derivar en un conflicto armado interno que, según el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, podría desembocar en una guerra civil. El presidente de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la masacre de este jueves en su conferencia de prensa diaria: “Respecto a los asesinados en Chenalhó, yo primero vi ese informe, luego el Gobernador del Estado habló de un fallecido, pero nosotros ahora no tenemos el número de muertos. Nos dijeron que eran siete, pero vamos a pedir información». A pesar de su aparente desconocimiento del hecho, ha asegurado que las autoridades se están haciendo cargo: «Ya estamos atendiendo, estamos están ahí, está la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado de Chiapas”.
Los siete tzotziles eran refugiados. Provenientes de la localidad de Santa Martha, formaban parte de un grupo de unas 200 personas desplazadas que tuvieron que salir de su comunidad en octubre pasado, expulsados por un conflicto armado. Las balas, sin embargo, los siguieron hasta Polhó. Un comando irrumpió en el almacén donde se refugiaban y «comenzó a detonar con armas de fuego», según la Abogacía del Estado. Siete murieron, incluido un niño de tres años, según la prensa local. Más personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de San Cristóbal de las Casas. Lo único que por el momento ha señalado el Ministerio Público es que investiga la masacre.
La masacre de Chenalhó no fue un episodio aislado. Se enmarca dentro de una lógica mayor, de un conflicto armado latente que pone en jaque a Chiapas. Los expertos llevan años denunciando la situación, ante la aparente inoperancia de las autoridades. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha acusado las «notables interacciones entre delincuencia organizada, grupos armados y vínculos evidentes con gobiernos y empresas», además de las «violaciones sistemáticas de los derechos humanos». De acuerdo con Frayba, el Estado mexicano es «ignorante, permisivo y condescendiente frente a la actual violencia generalizada», que ha agudizado problemas existentes como el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias, la tortura y las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas. o violaciones del derecho a la tierra.
A fines de mayo, la guerra entre el crimen organizado que atenaza a la población en una franja de la frontera entre Chiapas y Guatemala sufrió una nueva escalada. Cientos de habitantes de la zona se vieron obligados a abandonar sus hogares en el municipio Frontera Comalapa, al norte de Tapachula, debido a una escalada del conflicto armado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que delincuentes obligan a jóvenes de las comunidades a incorporarse a sus filas, bajo amenazas de muerte.
“Estamos atendiendo lo que pase en las fronteras de Chiapas con Guatemala”, afirmó también este jueves López Obrador. “Son comunidades fronterizas de México y efectivamente hay presencia del crimen organizado”, dijo el mandatario. Según el mandatario, los ataques armados se han dado porque un sector de la población mantiene relaciones con el crimen organizado, lógica que muchas veces defiende, mientras se niega a reconocer la escalada del conflicto armado, denuncian expertos. “En algunos casos han logrado tener reconocimiento, apoyo, de los vecinos, los del crimen organizado, por eso estos enfrentamientos. Estamos actuando, la Guardia Nacional está ahí, y está por aplicarse un programa para fortalecer los programas de bienestar en esa región”, agregó.
El cóctel de la violencia se sirve en el Estado. Hay balaceras, desplazamientos forzados, secuestros, masacres, nuevas autodefensas. Los ataques armados son numerosos, como el del 22 de mayo, cuando la Organización Regional de Cafeteros de Ocosingo (Orcao), un grupo paramilitar, irrumpió en una comunidad autónoma zapatista e hirió a Jorge López Santíz. El hecho desbordó la paciencia del EZLN y sus bases de apoyo, que aseguró en un comunicado que “Chiapas está al borde de la guerra civil, con paramilitares y sicarios de los distintos cárteles que se pelean la plaza y autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas. [gobernador de Chiapas] y [el presidente de la República] Andrés Manuel López Obrador”.
Este jueves, a las 16:00 horas, una manifestación marchará desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México en respuesta a los ataques a las comunidades zapatistas y en denuncia de la situación general en Chiapas.
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