La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta semana sobre el registro de detenidos por militares ha vuelto a la actualidad la discusión sobre las atribuciones de las Fuerzas Armadas en México. El Máximo Tribunal resolvió este martes una controversia presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), interpretando que son el Ejército y la Armada los que deben registrar las detenciones, independientemente de que informen o no a una autoridad civil.
Este jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al asunto de pasada, al tiempo que habló de la confianza que tiene en los ministros de la Corte, quienes votaron las implicaciones y alcances de la ley por una mayoría de ocho a tres. López Obrador rechazó las críticas de injerencia en la Corte a raíz del caso de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis final de grado, y ha dicho: “Hubo una resolución de la SCJN del expediente de detenciones, que quede registrado a todos los que paren. Estuve viendo un mensaje de Denise Dresser, culpando a Yasmín Esquivel. Y ayer pregunté si solo Yasmín había votado a favor. Y no, ocho de 11. Y sin embargo, ella culpa a Yasmín, viendo lo mal que habían resuelto.
La Ley Nacional del Registro de Detenciones incluye un artículo que establece que las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no están obligadas a informar inmediatamente a las autoridades policiales de las detenciones que realicen. La CNDH afirmó que esto era confuso porque podría interpretarse como una invitación para que el Ejército o la Armada registren las capturas, el lugar donde se realizan, la hora, etc. La Corte ha dicho que, efectivamente, es el Fuerzas Armadas que deban hacerlo, notifiquen o no a una autoridad civil.
Dado el historial de violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas dedicadas a la labor policial en los últimos 15 años, la decisión de la Corte es preocupante, pues se entiende como fuente de posible corrupción. La resolución también se interpreta como una ampliación del poder militar en algunos sectores, en un contexto en el que el Ejército y la Armada manejan un número creciente de competencias, que trasciende la seguridad ciudadana y la atención de desastres naturales, la frontera de la discusión no es tan Hace muchos años.
El colectivo Seguridad sin Guerra, que lucha desde el último sexenio por la desmilitarización del trabajo policial, ha criticado la decisión, señalando que se trata de “un nuevo revés para el debido proceso y la defensa de los derechos humanos”. En un comunicado difundido este miércoles, Seguridad sin Guerra señaló: “Manteniendo la salvedad de que las Fuerzas Armadas no dan aviso inmediato a las autoridades policiales de las detenciones que realizan y no brindan los datos necesarios para llenar el registro nacional de detenciones, otorga a las corporaciones militares una enorme discrecionalidad para que ellas mismas decidan cumplir o no con la obligación y someterse o no a algún tipo de control e informar al público sobre sus actuaciones”.
Suscríbete aquí a Boletin informativo de EL PAÍS México y recibe toda la información clave de la actualidad de este país