El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha redoblado la carrera para detonar el crecimiento económico en el istmo de Tehuantepec, en el sureste del país. La Secretaría de Hacienda dispuso una batería de incentivos fiscales a favor de las empresas que se instalen en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que cubre la zona más angosta del país entre los Estados de Oaxaca a Veracruz. Rebajas en el pago de impuestos y deducciones fiscales inmediatas son parte de los beneficios que ha autorizado el presidente para incentivar la atracción de inversiones en la zona.
Entre los incentivos fiscales que se ofrecerán a las empresas, se encuentra una exención en el pago de impuestos por el equivalente al 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los primeros tres años de operación y al 50% en los tres años subsiguientes, pero si las empresas superan las metas de empleo, este crédito fiscal puede llegar hasta el 90%.
Las operaciones que se realicen dentro de los polos de Desarrollo, y entre ellos, estarán exentas del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, se permitirá la recuperación del IVA soportado en las compras realizadas fuera del área durante cuatro años. Para postes que sean declarados con posterioridad a la publicación del Decreto, este plazo comenzará a contarse a partir de la entrada en vigor de dichas declaraciones.
Además, las empresas podrán acceder a beneficios ya existentes en materia de comercio exterior, como la exención del IVA a la importación temporal de insumos, la tasa cero para la exportación de bienes o servicios y facilidades administrativas que reducen costos. Asimismo, durante los primeros seis años, las empresas podrán efectuar una deducción inmediata por la totalidad de la inversión en activos fijos nuevos.
Para obtener las prerrogativas, el Ministerio de Hacienda establece que las empresas deben estar al día con sus obligaciones tributarias; tener título de concesión vigente o ser propietario de alguna área dentro de un polo de desarrollo —Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Juan Evangelista y Texistepec—, debe tener su domicilio fiscal en la zona del istmo de Tehuantepec y presentar el proyecto de inversión para el cual se otorgó el título de concesión. Las actividades productivas que buscan detonar en este corredor van desde las eléctricas y automotrices, pasando por las de dispositivos médicos, farmacéuticas, agroindustriales, informática, entre otras.
El Gobierno ha advertido de que los beneficios solo se mantendrán si los empresarios demuestran avances en los planes de inversión y niveles mínimos de empleo garantizados por Hacienda. La evaluación de estos proyectos se realizará semestralmente.
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigencia a partir de este martes, el Gobierno ha enfatizado la necesidad de realizar nuevas inversiones industriales en el corredor para generar empleo permanente y crecimiento económico. La Administración central ha argumentado que mientras en el Estado de Nuevo León el ingreso mensual de una persona es de 6,632 pesos, en los estados de Oaxaca y Veracruz cae a la mitad a menos de 3,300 pesos, según cifras del Consejo Nacional para la Evaluación. de Política de Desarrollo Social (Coneval). La Secretaría de Hacienda también señala que las tasas de informalidad laboral superan el 81.7% en Oaxaca y el 67% en Veracruz, muy por encima del promedio nacional que se ubica en 55.6%.
En mayo pasado, la Secretaria de Economía, Raquel Buenrosto, presentó el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec a decenas de potenciales inversionistas. Tomando como telón de fondo el fenómeno de la deslocalización o proximidad, Este gobierno busca sacar a licitación en los próximos días los primeros seis de los diez polos de desarrollo. Entre los terrenos a subastar se encuentran los que tienen acceso tanto al puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, como al puerto oaxaqueño de Salina Cruz. Las empresas que ganen la licitación tendrán protesta en terreno por un plazo de dos años con posibilidad de prórroga de cinco años más. Pasado ese plazo, si los postores han probado que han invertido en el terreno, podrán iniciar el proceso de compra para ser dueños del proyecto, de lo contrario, el Gobierno puede revocar la concesión y volver a subastarla.
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