Sus cuerpos fueron encontrados hace más de una semana, pero sus familias aún no han podido darles sepultura. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha justificado este viernes la demora del Instituto Forense, que determinó el 6 de junio que la identidad de los cuerpos encontrados en una quebrada de Guadalajara, la capital del estado, el 31 de mayo pertenecen a los ocho jóvenes. desaparecieron cuando iban a trabajar a un supuesto centro de llamadas. La principal línea de investigación de las autoridades apunta a que el trabajo que realizaron no fue del todo legal, y que la principal actividad fue defraudar a turistas estadounidenses para comprar o alquilar propiedades inexistentes en Puerto Vallarta, uno de los enclaves turísticos por excelencia en México. .
Los familiares de las víctimas también dan su batalla en las calles y con organizaciones de derechos humanos. Varios familiares de las víctimas han presentado una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Quieren acelerar el proceso y que se lo entreguen a sus seres queridos lo antes posible. Javier Perlasca, de la comisión, informó que las familias solicitaron la devolución de los cuerpos y “que se agilicen las investigaciones a fin de esclarecer la verdad y las causas por las cuales los jóvenes fueron desaparecidos”.
El gobernador de Jalisco ha pedido tiempo. “Es un proceso complejo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. La búsqueda y ubicación de los jóvenes fue rápida en condiciones muy complicadas, y ahora se está procesando a toda velocidad en las ciencias forenses”, dijo Alfaro. “Lo que queremos es que la investigación llegue a sus últimas consecuencias y que se esclarezca lo antes posible qué pasó y por qué”, aseveró el mandatario ante las protestas de organizaciones de derechos humanos y familiares, que denuncian la escasa información. que hasta el momento no se tiene información sobre los sujetos que secuestraron a los jóvenes y los dejaron muertos en el fondo de una quebrada.
La investigación del caso centro de llamadas ya involucra instancias estatales, nacionales e internacionales. El 20 de mayo Carlos Benjamín Cuevas, de 31 años, fue reportado como desaparecido. Los días siguientes, el goteo de personas desaparecidas fue constante, hasta llegar a los ocho cuerpos que se han encontrado: Arturo Robles, 30, Jorge Miguel Moreno, 28, Mayra Karina Velázquez, 29, Jesús Alfredo Salazar, 37, Juan Antonio Estrada, 34 , y los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid, de 27 y 23 años. El asunto escaló cuando las autoridades vincularon el centro de llamadas con un negocio de estafas telefónicas que supuestamente manejaba el Cártel Jalisco Nueva Generación —aquí comenzó a colaborar la Fiscalía General de la República— y mediante el cual les quitaban los ahorros a los turistas estadounidenses —aquí entró el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro .
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se refirió a este proceso de investigación conjunta. “Vamos a tener toda la cooperación, pero hay que recordar que la cooperación con los organismos internacionales se tiene que coordinar con la Federación”, señaló. “Hemos estado atentos a este caso y estamos trabajando con el gobierno de Jalisco, y también tomando en cuenta algunas recomendaciones con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este tema”, dijo el mandatario.
La principal hipótesis que manejan las autoridades hasta el momento es que los jóvenes intentaron desertar del trabajo, y fueron ejecutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación para darle una lección al resto de los empleados, según trascendió. Milenio a través de una fuente en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La fuente explicó que tienen conocimiento de otras ocasiones en las que los delincuentes actuaron de manera similar para intimidar al resto de los trabajadores. Las autoridades nacionales, tanto la Fiscalía de Jalisco como la Fiscalía General, no se han pronunciado al respecto.
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