El 27 de marzo, 40 migrantes murieron calcinados en un incendio en un penal para extranjeros perteneciente al Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. Decenas más resultaron heridas. Un mes después, la resaca política, social y emocional de una de las mayores tragedias migratorias de esta Administración aún se siente en el país. Más de 300 organizaciones se presentan este miércoles en el Congreso, en una mesa de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios, para exigir alternativas a la política mexicana, fuertemente criticada tanto por la sociedad civil como por un sector de la comunidad internacional por su estrategia de contención y militarización de fronteras; la caza indiscriminada de personas en tránsito por el país; detención en celdas sin las mínimas garantías de respeto a los derechos humanos o deportaciones sobre la marcha que violan el derecho internacional.
En un comunicado difundido antes de la comparecencia, las organizaciones han defendido que «es urgente abordar las dinámicas migratorias desde una perspectiva de derechos humanos, intercultural, empática y de integración social». El informe apunta al cambio en los patrones migratorios de los últimos años: “Muchas personas que antes solo transitaban por nuestro territorio ahora permanecen en él. El número de solicitudes de refugio aumentó de 3.423 en 2015 a 30.000 en 2018; 129.791 en 2021; para cerrar 2022 con 118.470 solicitudes”. Sin embargo, solo el 25% de las solicitudes de asilo reciben una respuesta positiva. El documento también destaca la diversidad de nacionalidades que llegan a México: “Venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos, ecuatorianos y personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica. [Honduras, Guatemala y El Salvador]”.
“Abordar esta situación requiere de un esfuerzo adicional y colaborativo entre el Estado mexicano, los países de origen y los Estados Unidos de América”, afirman. Para ello, las organizaciones proponen 10 «medidas urgentes» que ayuden a cambiar la estrategia de acogida de los mexicanos.
1. Reforma de la ley de inmigración
El punto más importante del informe es claro en sus objetivos: una reforma a la ley migratoria vigente que implica eliminar la detención de migrantes por más de 36 horas y, en su lugar, propone alternativas a las detenciones y retenciones. “La detención en el contexto de la movilidad debe ser una medida excepcional”, defiende el comunicado. “Cuando no sea posible evitar las detenciones, procurar que no excedan de 36 horas, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Mexicana; obligación que, además, ha sido recientemente reconocida y destacada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
2. Mejora de las condiciones en las estaciones de inmigración
El segundo punto exige la «transformación, equipamiento y mejoramiento» de las 35 estaciones migratorias y 23 de estadía provisional en el país —con capacidad para albergar sólo a 4.300 personas—. Las organizaciones apuestan por un tratamiento que facilite la formación de las personas migrantes en “perspectiva de proximidad social, género e infancia, y atención a poblaciones vulnerables”, así como el seguimiento constante de los protocolos de atención, el uso de la fuerza, el funcionamiento de estos centros y prácticas corruptas. El objetivo es cambiar la dinámica del supuesto de que “los migrantes no son delincuentes”. Asimismo, “promover el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para tener protección federal y no a cargo de empresas privadas”.
3. Sensibilización
Realizar campañas periódicas de “concienciación y sensibilización para la no discriminación de la población migrante” a través de medios de comunicación y “actores estratégicos”, “particularmente en las fronteras y lugares con mayor presencia de personas en situación de movilidad”.
4. Atención integral
Atención integral a extranjeros en tránsito por México en áreas clave como asistencia médica y legal, facilitando el contacto con familiares y otras redes de apoyo con, por ejemplo, puntos de acceso gratuito a internet. También “equipamiento, información y orientación sobre programas o políticas especiales y trámites de interés, especialmente en áreas prioritarias” o consideración de la situación especial de vulnerabilidad que viven los integrantes de los “grupos LGBTTTIQ+, afrodescendientes, adultos mayores, o personas con alguna discapacidad».
5. Infancia
Las organizaciones priorizan la atención a los “niños migrantes no acompañados”, así como a las familias. Para ello, abogan por la creación de un “Mecanismo Transnacional de Protección Integral a la Niñez Migrante, Refugiada y sus Familias”.
6. Colaboración internacional
Otro de los puntos más importantes del documento, que apuesta por «cambios estructurales» en las políticas de colaboración, tanto a nivel interno como internacional, «que establezcan alianzas con la sociedad civil y el sector privado». En especial, para fortalecer los lazos con los países de origen de la migración en el continente.
7. Mejorar la política de refugiados en México
Las organizaciones defienden un fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), organismo que, según anunció Alejandro Solalinde en una entrevista con EL PAÍS, va a desaparecer junto con el INM, para fusionarse en una nueva entidad.
8. Combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes
Para combatir las redes de trata de personas que operan en México y afectan a las personas migrantes, el comunicado defiende la necesidad de invertir recursos, fortalecer los procesos penales, la cooperación regional o un “cambio de enfoque, de la securitización a la atención integral desde una perspectiva de protección y no criminalización”. .
9. Corrupción sistémica
“Implementar un sistema de control territorial para investigar, juzgar y sancionar, administrativa o penalmente, a los servidores públicos que cometan actos de corrupción, delitos o violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes”.
10. Relación bilateral México – USA
Las organizaciones instan a «reconsiderar los acuerdos mediante los cuales México acepta las deportaciones, vía Título 42, de personas de siete países» y piden más «recursos bilaterales del Acuerdo Bicentenario para la sociedad civil, organizaciones religiosas y gobiernos locales en la franja fronteriza y promover canales de migración legal con compromisos claros para ambos países”.
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