Estados Unidos ha redoblado su defensa ante posibles abusos laborales cometidos en México. Al amparo del Tratado de Libre Comercio (TMEC), los trabajadores mexicanos han encontrado en el gobierno de Estados Unidos un aliado para defender sus derechos. A casi tres años de la entrada en vigencia del tratado comercial entre México, EUA y Canadá, la Administración federal estadounidense ha presentado 11 denuncias laborales contra empresas en México por presuntas violaciones a la libertad sindical. El último caso apunta al segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, y su mina San Martín, en el Estado de Zacatecas.
La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. ha pedido este viernes a la secretaria de Economía en México, Raquel Buenrostro, que investigue a la empresa minera propiedad de Grupo México, donde trabajan unas 1.000 personas, por presuntas violaciones a los derechos de libre asociación y negociación colectiva de trabajadores. La petición, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, se deriva de una denuncia que presentó el sindicato Los Mineros en mayo pasado.
México tiene un plazo máximo de 10 días para deliberar si inicia una investigación, como ha solicitado EE.UU., o la rechaza. Si acceden a investigar, las autoridades mexicanas tienen 45 días más para realizar sus pesquisas y dar sus conclusiones. Esta misma semana, el gobierno de Biden ha pedido a México que investigue una fábrica textil en Aguascalientes, propiedad de la empresa Industrias del Interior (Inisa).
En este penúltimo caso, la solicitud de EE.UU. también se hizo luego de una importante denuncia del Sindicato de Industrias del Interior, afiliado al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), porque la empresa que fabrica prendas de mezclilla se negó a negociar un aumento salarial del 8% y despidió personal que apoya los cambios sindicales. La organización aseguró que la empresa textil obligó a los trabajadores a aceptar las revisiones del contrato colectivo de trabajo propuestas por la empresa e intervino en los asuntos internos del sindicato. El sindicato incluso ha denunciado que la empresa despidió a cinco empleados como represalia. “Este anuncio demuestra nuevamente el compromiso de la Administración Biden-Harris de utilizar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para salvaguardar los derechos de los trabajadores y las promesas consagradas en el USMCA”, agregó.
A diferencia del antiguo Tratado de Libre Comercio, uno de los puntos más relevantes del TMEC ha sido la vigilancia para que los convenios colectivos sean verdaderamente representativos de los sindicatos. Estados Unidos no ha dudado en utilizar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para denunciar supuestas malas conductas laborales al otro lado del Río Bravo. En mayo de 2021, diez meses después de la entrada en vigor del TMEC, EE.UU. presentó el primer caso por la negación de los derechos de libre asociación y negociación colectiva a trabajadores de General Motors, en Silao, Guanajuato.
En general, la mayoría de las quejas son contra las empresas de autopartes, un sector crucial en las exportaciones a los EE. UU. A la ensambladora General Motors le seguiría la planta de autopartes Tridonex, en Matamoros (Tamaulipas); la fábrica de autopartes Panasonic, también en Tamaulipas; la planta de autopartes Teksid Hierro, de Stellantis y más recientemente Draxton, en Guanajuato y Goodyear, en San Luis Potosí. Sin embargo, la vigilancia estadounidense ahora también cubre los sectores textil, manufacturero y minero.
En los últimos dos años, algunas de estas reclamaciones ya han sido resueltas. Por ejemplo, la fábrica Unique Fabricating en Querétaro, luego de ser señalada por EE.UU., se comprometió a garantizar los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en la empresa; En el caso de Manufacturas VU, en Piedras Negras (Coahuila), la denuncia se resolvió con un plan de remediación que promete el respeto a la elección de representación sindical de los trabajadores, libre de injerencia en las actividades sindicales.
A la fecha, cinco de las 11 denuncias contra México han concluido sin necesidad de paneles arbitrales, sin sanciones arancelarias ni bloqueos por parte de EE.UU., por el contrario, se repararon los derechos de los trabajadores involucrados y las empresas señaladas continúan siendo parte de el TMEC. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Trabajo, solo dos peticiones han sido rechazadas por México: las de la empresa BBB y Saint Gobain.
Manuel Fuentes, experto en derecho laboral, explica que mientras en México las denuncias laborales se pueden resolver en años, porque no hay plazos mínimos y se pueden reducir las sanciones o multas, el Mecanismo de Respuesta Laboral Rápida de TMEC exige que estas controversias se resuelvan en un máximo de cuatro meses y con riesgo de sanciones arancelarias. “Sin la presión internacional no existiría este mecanismo que ha logrado restituir derechos laborales colectivos que a través de la legislación nacional es muy difícil de hacer cumplir”, señala.
Para el especialista, la entrada en vigor de este nuevo mecanismo sí está contribuyendo a mejorar los derechos de los trabajadores de las empresas que exportan e importan a EE.UU. y Canadá. Con vigilancia externa, advierte Fuentes, el gobierno de EE.UU. busca detener la dumping salario e incluso promover un traslado de plantas a su territorio. El experto lamenta que esta eficaz herramienta solo abarque a las firmas integradas bajo el paraguas del TMEC y no al resto de las empresas en México. “Sería importante que se pudiera reformar la legislación nacional porque hay dos mundos, uno que está amparado por el TMEC, bajo protección internacional, pero el resto de los trabajadores no lo están”, concluye.
Jorge Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agrega que la experiencia del antiguo TLC obligó a renovar las reglas en el renovado TMEC, incluso refiere que este número de denuncias aún es mínimo frente al dinamismo de la economía mexicana.
El docente e investigador de la UNAM saluda que este mecanismo tenga como objetivo a las empresas y no a los países, por el contrario, ha alentado a los sindicatos a buscar la legitimidad de sus afiliados, ha puesto límites a los sindicatos “rancho” sin necesidad de llegar a un panel arbitral. . “Echarle el diente al TMEC me parece de esperar, no se hubiera pactado la firma del Tratado de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, sin darle a la sociedad lo que pedía, que era acabar con lo que para ellos era competencia desleal. por las condiciones laborales en México”, zanja.
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