El calor abrasador de Culiacán madura el maíz dorado cosechado por Heriberto Uriarte. El agricultor tiene que entrecerrar los ojos para mirar alrededor de sus 400 hectáreas de cultivo dorado, deslumbrado por el resplandor del sol. La inmensidad del terreno es vertiginosa, y no solo por su tamaño. Uriarte apenas tiene tiempo para pensar, tiene que cosechar todo antes de que se seque demasiado. “Soporto todo lo que puedo”, confiesa, abrumado por la incertidumbre. Trillar el campo ahora, recoger el maíz, sería venderlo al precio internacional: 5.200 pesos la tonelada. A Uriarte le ha costado este año producir esa misma cantidad 6.000 pesos en los terrenos que tiene alquilados. En otras palabras, significaría la quiebra.
La guerra de Ucrania, el tipo de cambio y las políticas para paliar la inflación crearon la tormenta perfecta para que el valor del producto cayera en picado y el coste de producción aumentara. El riesgo de vender a pérdida empujó a Uriarte a salir a las calles de la capital sinaloense con su tractor, junto a una horda de campesinos enojados y desesperados en la misma situación. Se las arreglaron para ganar un poco de tiempo logrando iniciar negociaciones con el gobierno por un precio justo, por protección. Sin embargo, sólo se ha encontrado solución para un tercio de la producción del Estado. El resto forma abismales montañas de granos de maíz blanco en bodegas derrumbadas, a la espera de un comprador que salve la economía local del desastre.
La solución más rápida para que los campesinos salieran de las calles y de la sede de Pemex que tomaron en Puerto de Topolobampo fue garantizar la compra de una parte del problema. El Gobierno se comprometió a adquirir dos millones de toneladas de las seis que produce Sinaloa. Esa parte se adquirirá a la garantía de 6.965 pesos por tonelada que piden los productores, pero quedan cuatro millones de toneladas pendientes sin destino y sin precio claro.
Baltazar Valdez Armentía, presidente de la asociación United Farmers, explica que la estrategia del gobierno es reducir la oferta para que el precio del resto aumente. Sin embargo, Segalmex, protagonista del mayor desfalco de dinero público registrado hasta ahora en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solo no logró aumentar el precio. También añadió dos problemas. Al comprometerse a comprar solo las toneladas que provengan de los productores más pequeños —con un máximo de 10 hectáreas— generó el descontento del resto de los campesinos que quedaron fuera de amparo. Además, los pocos almacenes que pueden almacenar granos en Sinaloa se saturaron al quedarse con el producto comprado por la Administración, colapsando el almacenamiento para el resto. En un año normal, los productos de los almacenes rotan a medida que se envían a los compradores y se reponen con más cosechas, pero en este momento nadie está comprando maíz.
Las colas de camiones afuera de los almacenes que no pueden salir de su producto generaron más tensión. Los agricultores no cuentan con instalaciones para protegerlo del sol, que puede dañar el producto o incluso quemarlo. Ni de los incendios forestales provocados por el calor sofocante ni de las inminentes lluvias que comenzarán a caer con la temporada de huracanes. En las situaciones más desesperadas, no tienen más remedio que subestimarlo.
Esta situación es la que motivó una nueva protesta campesina, pero esta vez a gran escala. Ocupar el aeropuerto de Culiacán y detener el tráfico de aviones logró escalar el conflicto que solo había resonado en los diarios locales en la rueda de prensa matutina del presidente. “Que se queden en el aeropuerto, pero no nos vamos a dejar chantajear siendo corruptos”, advirtió con severidad López Obrador. Horas antes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, había sugerido a los manifestantes acudir a las sedes de las principales empresas que compran maíz blanco: “Los invito a ir juntos a protestar contra los verdaderos responsables del desperdicio de sus cultivos. : Gruma, Cargill y Minsa”.
Valdez explica que un grupo de campesinos no puede enfrentarse solo a estos industriales, que manejan casi en su totalidad el comercio del maíz en México. “Nosotros no tenemos nada que ver con todo su poder económico, es el Gobierno el que nos tiene que ayudar a conciliar un precio justo con ellos”, apunta. Él y su grupo se retiraron del aeropuerto y regresaron a casa con sus tractores. Asegura que, aunque las palabras del presidente socavaron el ánimo de los productores, lograron una pequeña victoria: el reconocimiento del problema a nivel nacional y el apoyo del gobierno estatal para retomar el diálogo. “Queremos ser corresponsables de la solución, no estamos cerrados al precio”, añade sobre las negociaciones que se realizarán con la Administración, las empresas y los campesinos. La propuesta actual es que cada parte aporte el 33% de la diferencia de precio que necesita el campo respecto a lo que da el mercado. Es decir, los campesinos aceptarán ganar menos y se quedarán con un precio de venta de 6.400 pesos la tonelada, las empresas aceptarán pagar un poco más y el gobierno subsidiará el resto. “Es duro vivir con tan poca ganancia, pero al menos no tenemos deudas”, resigna Valdez.
Ese miedo a no poder pagar los préstamos es lo que impacienta a campesinos como Uriarte. Él, como la mayoría, obtuvo un préstamo bancario antes de la temporada de siembra. “Si hubiera sabido esto, no habría entrado”, admite. En octubre solicitó lo necesario para fertilizantes, semillas, diesel para maquinaria, permisos para uso de agua, además de arrendar hectáreas y obtener más producción este año, con las buenas perspectivas de las temporadas pasadas. El plazo para pagar esa deuda termina en julio, cuando normalmente ya habría vendido toda la cosecha. Ahora ni siquiera sabe quién lo va a comprar ni cuánto le van a dar por su maíz.
Omar Ahumada, asesor de la asociación de agricultores AARC y profesor de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Autónoma de Occidente, explica que los créditos para la siembra son uno de los motivos del descontento en el campo. La Administración de López Obrador desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), conocida como Financiera Rural, que era la prestamista de los agricultores. “La tasa de interés pasó del 3,5% al 11,25% con préstamos interbancarios con bancos privados en reemplazo del financiero”, enfatiza Ahumada. En el caso de Uriarte, el crédito tiene un interés del 20%.
La falta de políticas públicas para subsidiar el campo se suman a la lista de ingredientes de esta tormenta perfecta para una crisis agraria. La extinción de los fideicomisos también se llevó el Fonden, el fondo para desastres naturales que servía de respaldo a los campesinos en caso de que perdieran sus cultivos por heladas, sequías o incendios. “En EE.UU., por ejemplo, que es competidor directo de México por el tratado de libre comercio, hay subsidios. Cuando Donald Trump tuvo una pelea con China y perdió ese comprador, dio 200.000 millones en subsidios para compensar las ventas perdidas”, cuenta Ahumada.
Sin apoyo público, el campo quedó desprotegido cuando la guerra en Ucrania disparó los precios de los fertilizantes y cuando la inflación arrastró otros insumos, como las semillas, al alza. “Con el PACIC [Paquete contra la inflación y la carestía] Se eliminaron los aranceles de muchos países como Argentina, Brasil o Sudáfrica. A principios de este año puso un arancel del 50% a la exportación de maíz blanco. Todo diseñado para bajar el precio al consumidor a expensas del productor. Ahora los precios han bajado y tenemos competencia de todo el mundo”, concluye el profesor.
La compra por parte del Gobierno de 521.000 toneladas de maíz blanco a Sudáfrica para abaratar el precio de las tortillas fue una gota más del hartazgo que se ha derramado en el campo. Y finalmente sin resultados, porque no impidió que subiera el precio de la tortilla. Ahumada recuerda que en Sudáfrica se cultiva maíz transgénico, prohibido para consumo humano en México. Esta política contra los transgénicos también pone en desventaja al productor mexicano frente al mercado internacional, ya que es más costoso cultivar sin glifosato y no tiene tanto rendimiento como las semillas modificadas.
El tipo de cambio actual del dólar por el peso acabó con el campo moribundo. Mientras México celebra positivamente el llamado ‘superpeso’ a poco más de 17 dólares la unidad, los agricultores que tienen su producto en régimen de dólares reciben menos pesos por su mismo producto. Exportar es una opción muy poco atractiva.
A la vorágine del campo, Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, le suma otro factor de contexto. En México se produce más maíz blanco del que se consume, y el volumen de maíz cosechado aumenta cada año porque es muy rentable. En 2022 se cultivaron 26 millones de toneladas de este grano, pero solo la mitad se destinó al consumo humano, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El resto, al no tener demanda nacional y tener un arancel del 50% para las exportaciones, solo queda para el mercado agrícola. El maíz blanco sobrante de alta calidad que se usa en maravillas culinarias mexicanas como tortillas, tamales y pozoles se alimenta al ganado. El cambio de destino de humanos a animales significa abaratar el producto al precio del maíz amarillo, a 5.200 pesos la tonelada.
El futuro de la próxima siembra es incierto para Marte Nicolás Vega Román, presidente de la asociación CAADES. Advierte que si no se encuentra una solución ahora, en el próximo ciclo de cosecha no habrá dinero para sembrar, ni bancos que quieran prestar dinero para intentarlo. “Si dejamos de producir, si vamos a la quiebra, ¿qué va a comer el mexicano? No hay maíz en el mundo como el nuestro que no sea transgénico”, dice.
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